En
el año 2050 la población mundial será de 9 100 millones de personas, un 34 %
superior a la de hoy en día, y prácticamente la totalidad de este incremento de
la población tendrá lugar en los países en desarrollo.
La
urbanización continuará a un ritmo acelerado y aproximadamente el 70 % de la
población mundial será urbana (en la actualidad esta cifra es del 49 %).
El nivel de ingresos será varias veces superior al actual. Para alimentar a esta población
más numerosa, más urbana y más rica, la producción de alimentos (excluyendo los
alimentos empleados en la producción de biocombustibles) deberá aumentar un 70
%.
La producción
anual de cereales habrá de aumentar desde los 2 100 millones de toneladas
actuales hasta los 3 000
millones, mientras que la producción anual de carne deberá aumentar en
más de 200 millones de toneladas hasta alcanzar los 470 millones. En el
presente informe se señala que este incremento de la producción de alimentos puede conseguirse si se realizan
las inversiones necesarias y si se aplican unas políticas que favorezcan
a la producción agrícola.
No obstante, el incremento de la producción no es suficiente para alcanzar la
seguridad alimentaria, sino que se debe complementar con unas políticas
que mejoren el acceso mediante la lucha contra la pobreza, especialmente en las
zonas rurales, así como con programas de protección eficaces. Por término
medio, las inversiones netas anuales en la agricultura de los países en
desarrollo necesarias para conseguir el incremento de la producción requerido
ascenderían a 83 000 millones de USD.
La brecha mundial entre la cuantía de las inversiones
necesarias y los niveles actuales de inversión puede ilustrarse mediante la
comparación entre las necesidades de inversión anual bruta de 209 000 millones
de USD (en los que se incluye el coste de la renovación de las inversiones que
se deprecian) con el resultado de un estudio separado que estimó que en la
última década los países en desarrollo invirtieron, en promedio, 142 000
millones de USD (dólares de 2009) anuales en la agricultura. El aumento necesario es por
tanto del 50 %.
Estas son las cantidades totales correspondientes a las
inversiones públicas y las privadas, es decir, las inversiones realizadas por
los agricultores. Para
poder disponer de dichas cantidades será necesario realizar una redistribución
considerable de los presupuestos de los países en desarrollo y de los programas
de los donantes. Además, se requerirán políticas que apoyen a los
agricultores de los países en desarrollo y los animen, tanto a ellos como a
otros participantes en la agricultura del sector privado, a aumentar sus inversiones.
En
los países en desarrollo, el 80 % del incremento de la producción requerido
procedería del aumento del rendimiento y la intensidad de los cultivos,
en tanto que tan sólo el 20 % procedería de la expansión de las tierras
cultivables. Sin embargo, en el ámbito mundial el índice de crecimiento del
rendimiento de los principales cultivos cereales ha disminuido de manera
continuada y pasó del 3,2 % anual en 1960 al 1,5 % en 2000.
El desafío al que se enfrenta la tecnología es invertir
esta disminución, ya que un incremento lineal continuado del rendimiento en el
ámbito mundial tras la
tendencia registrada durante las últimas cinco décadas no será suficiente para
satisfacer las necesidades alimentarias. Aunque las inversiones en
investigación y desarrollo (I+D) agrícolas siguen siendo una de las inversiones
más productivas, con unas tasas de rendimiento de entre el 30 % y el 75 %, se
han dejado de lado en la mayoría de los países de ingresos bajos. En la
actualidad, la investigación y el desarrollo agrícolas en los países en
desarrollo están dominados por el sector público, por lo que inicialmente las
inversiones adicionales tendrán que proceder de los presupuestos 3 gubernamentales.
Con
el fin de aumentar las inversiones del sector privado habrá que abordar cuestiones
relativas a los derechos de propiedad intelectual, al tiempo que se garantiza
un equilibrio para que no se reduzca el acceso de los pequeños agricultores a
las nuevas tecnologías. El hambre puede persistir a pesar de existir un
suministro total suficiente debido a la falta de oportunidades de ingresos para
los pobres y a la ausencia de unas medidas protectoras sociales eficaces. La
experiencia de los países que han conseguido reducir el hambre y la malnutrición
muestra que el crecimiento económico no garantiza automáticamente el éxito, sino
que el origen del crecimiento también desempeña un papel importante. El crecimiento derivado de la
agricultura, en particular del sector en pequeña escala, es al menos el doble de
eficaz a la hora de beneficiar a la población más pobre que el crecimiento
derivado de sectores no agrarios.
Este
hecho no resulta sorprendente ya que el 75 % de la población pobre de los
países en desarrollo vive en zonas rurales y sus ingresos están vinculados
directa o indirectamente a la agricultura. La lucha contra el hambre
requiere también unas medidas específicas y prudentes en forma de unos
servicios sociales extensivos que incluyan la asistencia alimentaria, la salud
y el saneamiento y la educación y la capacitación, prestando especial atención
a la población más vulnerable. Muchos países seguirán dependiendo del comercio internacional para
garantizar su seguridad alimentaria. Se calcula que en 2050 las
importaciones netas de cereales de los países en desarrollo se habrán
multiplicado por más de dos y, así, habrán pasado de los 135 millones de toneladas
en 2008/09 a los 300 millones.
Ésta es la razón por la que es necesario avanzar hacia un
sistema de comercio mundial que sea justo y competitivo y que contribuya a conseguir
un mercado fiable para los alimentos. La reforma de las políticas de apoyo a la
agricultura en los países de la OCDE es una medida positiva que ha dado lugar a
la reducción del coeficiente de distorsión del comercio total desde el 0,96 en
1986 hasta el 0,74 en 2007. No obstante, claramente todavía es posible mejorar.
También es necesario
apoyar a los agricultores de los países en desarrollo y facilitarles el acceso
al mercado para que puedan competir de manera más equitativa.
Con vistas a estar mejor preparados ante futuras perturbaciones
del sistema mundial, los países también deben considerar medidas conjuntas como
la acción coordinada para abordar las posibles crisis alimentarias, la reforma
de las normas comerciales y la financiación conjunta para ayudar a la población
afectada por un nuevo
repunte de los precios o por catástrofes localizadas. El cambio climático y el
incremento de la producción de biocombustibles constituyen graves riesgos para
la seguridad alimentaria a largo plazo.
A
pesar de que los países del hemisferio sur no son los principales causantes del
cambio climático, podrían sufrir la mayor proporción de las repercusiones en
forma del descenso del rendimiento y del incremento de la frecuencia de los
episodios meteorológicos extremos. Según los estudios realizados se
calcula que los efectos negativos totales del cambio climático sobre la
producción agrícola africana hasta 2080-2100 podrían situarse en el 15-30 %. La
agricultura tendrá que adaptarse al cambio climático pero también puede ayudar
a mitigar los efectos del mismo; además, existen útiles sinergias entre la
adaptación y la mitigación.
La producción de biocombustibles a partir de productos
agrícolas se multiplicó por más de tres desde el año 2000 hasta 2008. En
2007-08 la cantidad total de cereales secundarios utilizados en la producción
de etanol alcanzó los 110 millones de toneladas, alrededor de un 10 % de la
producción mundial. El
aumento del uso de los cultivos alimentarios en la producción de
biocombustibles podría tener graves implicaciones para la seguridad alimentaria.
Según un estudio reciente se calcula que la rápida expansión continuada de la
producción de biocombustibles hasta el año 2050 haría que el 4 número de niños en edad preescolar
subnutridos en África y Asia meridional fuese 3 y 1,7 millones mayor,
respectivamente, que si tal expansión no existiese.
Por
lo tanto, es necesario reconsiderar las políticas que promueven el uso de los
biocombustibles derivados de los alimentos con el fin de reducir la competición
entre los alimentos y los combustibles por los escasos recursos existentes.
El mundo cuenta con los recursos y la
tecnología necesarios para erradicar el hambre y garantizar la seguridad
alimentaria a largo plazo, a pesar de los múltiples desafíos y riesgos que
existen. Habrá que
movilizar la voluntad política y crear las instituciones necesarias para garantizar
que las decisiones clave sobre las inversiones y las políticas para erradicar
el hambre se toman y se ponen en práctica de manera eficaz. Ahora es el
momento de actuar.
