El
Consejo de Estado decidió suspender la aplicación del fracking en Colombia por
los temores y dudas sobre las consecuencias negativas que puede generar. Sin
embargo, Ecopetrol anunció recientemente que utilizará esta técnica en Estados
Unidos para aumentar su producción de hidrocarburos y contribuir a aliviar la
situación fiscal del gobierno.
¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir al país con
este anuncio? ¿Será dar a entender que el Consejo de Estado, las autoridades
ambientales y las comunidades son excesivamente prudentes y temerosas con
respecto a la aplicación del fracking en el territorio colombiano, puesto que
sí puede hacerlo por fuera? ¿Será
generar presión para lograr la aplicación de esta técnica en el país?
Para llegar a la mejor decisión posible sobre esta
materia, es indispensable
reducir la gran incertidumbre que existe sobre sus impactos socioambientales y
sobre la gravedad de sus consecuencias. Muchos países, Colombia
incluida, han decidido utilizar el Principio de Precaución para no autorizar la técnica
hasta no contar con suficiente claridad sobre sus efectos y riegos y sobre la
capacidad institucional para monitorearlos y controlarlos.
Para reducir la incertidumbre, Ecopetrol ha propuesto realizar ensayos piloto,
pero esta posibilidad presenta muchas dudas.
Un
ensayo piloto es una prueba que se realiza bajo condiciones controladas, que
busca establecer la viabilidad de algo cuya aplicación generalizada suscita
dudas, evaluando con claridad sus consecuencias. Para ser válido, el
experimento debe reproducir con la mayor fidelidad, las características de la
región donde se pretende aplicar.
Sin
embargo, la geología del país es muy variada y su hidrogeología es
prácticamente desconocida, por lo cual la conveniencia de la utilización
de ésta estrategia para analizar el fracking no es clara.
¿Sería posible extrapolar los resultados de un ensayo en
el Magdalena Medio a los Llanos o la Costa Caribe? ¿Sería necesario realizar
pruebas piloto en cada locación? La heterogeneidad del territorio de Colombia
se manifiesta también en lo social. Las culturas y formas de vida de las regiones son extremadamente
variadas, por lo que fracking las afectaría de diferentes maneras.
Sin embargo, en lo que concuerdan las comunidades, es en
no querer que haya fracking en sus territorios, como lo indican con claridad las múltiples consultas
populares municipales realizadas a lo largo y ancho del territorio nacional.
El fracking tiene efectos en diversas escalas
territoriales, por lo cual no
puede verse como una operación puntual que genera impactos únicamente en el
sitio donde se aplique.
¿Cuáles
son los aditivos químicos a las aguas que se utilizarían? ¿Cuáles sus impactos
sobre la salud humana y la de la biodiversidad? ¿Qué efectos tendrían
los grandes volúmenes de agua que requiere sobre la disponibilidad del recurso
para satisfacer las diversas necesidades y su impacto sobre los usos
prioritarios? ¿Cómo se
garantizaría la calidad de las aguas residuales? ¿Cómo se afectarían los caudales ecológicos?
¿Cómo incidiría en los planes de ordenamiento territorial de los municipios
donde se realizaría?
En el nivel regional surgen preguntas como las
siguientes: ¿Cómo se
garantizaría la participación informada y efectiva de la población afectada en
las diversas etapas de la aplicación del fracking? ¿Cómo se tendrían en
cuenta los impactos socioambientales de la construcción de infraestructura
relacionada como vías, campamentos, diques, lagunas de tratamiento etc..? ¿Cuáles serían los efectos de
los movimientos de población atraída y sus implicaciones? ¿Cómo se
evaluarían los efectos sobre la sismicidad de la zona? ¿Cómo se transportarían los hidrocarburos
producidos y su impacto sobre los costos y tiempos de viaje de los usuarios de
las vías? ¿Cómo se evaluarían los riesgos de derrames y accidentes
durante el transporte?
En el nivel nacional surgen otras inquietudes: ¿Cómo se estimaron los grandes
beneficios económicos del fracking, que se han difundido? ¿Qué
criterios, precios y volúmenes de producción se usaron para calcularlos? ¿Cuál
es su grado de
certeza? ¿Cómo se determinó el posible aumento de la autonomía petrolera y
gasífera del país que se, divulgó? ¿Cuentan las autoridades ambientales
con la capacidad para licenciar los proyectos de fracking y hacer el control y
seguimiento de sus riesgos? ¿Si
han sido insuficientes para vigilar los yacimientos convencionales, como se
aseguraría esta capacidad? ¿Se exportaría la producción adicional de
hidrocarburos crudo sin agregarle valor?
Por
último, en el nivel global, vale la pena preguntarse: ¿Cómo afectaría la
producción adicional de hidrocarburos los compromisos adquiridos por Colombia
en al Acuerdo de Paris? ¿Cómo justificar la iniciativa de impulsar el fracking,
frente a la tendencia global de avanzar rápidamente hacía economías
decarbonizadas?
Como si lo anterior fuera poco, se ha agregado un nuevo
factor de incertidumbre al panorama. El Ministerio de Minas y Energía ha
interpuesto un recurso de súplica ante el Consejo de Estado, en el cual pide el levantamiento
de la medida cautelar expedida por esa Corte suspendiendo la aplicación del
fracking en Colombia.
Si se levanta esta medida antes de que se dicte la
sentencia de fondo que está en estudio, se podrían reiniciar los procesos de contratación de
exploración que están suspendidos, lo cual constituiría un gran riesgo
para el país, ante la eventualidad de que luego se anulen los actos demandados
y los contratistas generen
cuantiosas reclamaciones al no poder continuar con la ejecución de los
contratos.
Causa sorpresa que el Ministerio de Minas y Energía y
Ecopetrol sigan aferrados al pasado y carezcan de la visión para comprender que la salud de Colombia y del planeta requieren
abandonar paulatinamente los hidrocarburos, e iniciar una urgente transición
hacia las energías limpias, aprovechando nuestro alto potencial natural.
NOTA: ES BUENA LA IDEA DE TENER UN INSTITUTO EN COLOMBIA DEDICADO AL
ESTUDIO E IMPLEMENTACION DEL TEMA DEL FRACKING DONDE CONVERJA EL GOBIERNO, LA
COMUNIDAD, LAS UNIVERSIDADES Y LAS EMPRESAS PETROLERAS
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