Todos
los partidos aprueban la ley que recorta en un tercio el número de diputados y
senadores de cara a la próxima legislatura
Los
políticos italianos se embriagaron ayer en una especie de sueño dulce que les
condujo a un suicidio colectivo. Lo ocurrido ayer lo nunca visto, que todos los partidos se pusieran
de acuerdo para sacar adelante una ley. Y no una medida cualquiera, sino
una reforma integral del sistema que secciona el Parlamento. Es decir, 553 diputados, de los
más de 600 que integran la Cámara Baja, votaron a favor de que en la próxima
legislatura el número de parlamentarios se reduzca en una tercera parte.
Así pues, la Cámara de Diputados pasará de tener 630 escaños a 400,
mientras que en el Senado
el recorte irá de los 315 actuales a 200. Hasta ahora el Parlamento
italiano era uno de los más sobredimensionados de Europa, con un diputado por
cada 96.000 habitantes. Sin embargo, con la reforma se pasa al extremo opuesto,
ya que por cada 152.000
hijos de vecino habrá uno con derecho a redactar las leyes. En España,
por ejemplo, la ratio es de uno a 133.000. En otros países de nuestro entorno,
la «casta» se presenta más oronda.
La reforma italiana es una reivindicación histórica del
Movimiento 5 Estrellas (M5E), que nació con la voluntad de acabar con los privilegios de los políticos.
La única fuerza que se había opuesto desde el comienzo del debate parlamentario
fue el Partido Democrático (PD), pero como ya demostraron al formar Gobierno
con el M5E, el pacto también puede servir para cambiar sus ideas. La diputada
del PD Simona Malpezzi dijo que votaron a favor porque «la ley ya no se lee en clave populista»,
pese a que el texto no se ha modificado en una coma. El resto de partidos
estaban previamente de acuerdo. Aunque, fieles a su gusto por la
escenificación, quienes más lo celebraron fueron los miembros del M5E, que
mostraron pancartas y tijeras de cartón a las puertas del Parlamento. En ellas se leía que los
sucesivos recortes le proporcionarán un ahorro a los italianos de mil millones
en diez años. Si
bien, los cálculos realizados hasta ahora apuntan a una cifra más modesta: 81
millones.
En cuanto al coste, el adelgazamiento del Parlamento tiene un carácter más cosmético
que otra cosa. Pero
el alcance político y legal es de suma importancia. En primer lugar, se
trata de una reforma
constitucional, por lo que un quinto del Parlamento –no se prevé tras el
voto–, cinco regiones o 500.000 ciudadanos tienen derecho a reclamar que la ley
se apruebe en referéndum. Si
no ocurre en tres meses, entraría en vigor y se aplicaría para las próximas
elecciones. Un voto que cambiaría radicalmente de forma, porque además
sería necesaria una nueva ley electoral.
Con
la pérdida de diputados, los partidos plantean un sistema más proporcional que
no deje a nadie fuera. Los socios de Gobierno están de acuerdo, pero no
así el líder de la Liga, Matteo Salvini, que apuesta por una ley mayoritaria
que en estos momentos le favorecería. En los últimos 25 años se han aprobado tres leyes
electorales distintas, siempre en función del interés del Ejecutivo de turno, y
la Justicia ha tumbado otras tantas. En cualquier caso, la farragosa
tramitación de la nueva norma apunta a que se extenderá durante la legislatura,
por lo que el Gobierno podría resistir. Los diputados que quieran tumbar el
Gabinete y volver a las urnas jugarían además a la ruleta rusa, ya que en los próximos comicios
un tercio de ellos no volverá a pisar el Parlamento.
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