Un
grupo de 50 mexicanos sin autorización para permanecer en Estados Unidos,
indicó, con la excepción de uno, que preferían arriesgarse a ser detenidos y
pasar por un prolongado proceso judicial que regresar voluntariamente a México.
La mayoría de los inmigrantes, que asistieron a una
reunión el sábado en Phoenix, en la que también estuvieron presentes funcionarios
del gobierno mexicano, señalaron
levantando la mano que estaban dispuestos a combatir las órdenes de deportación
en los tribunales estadounidenses.
“¿Aunque resulte en una detención de semanas?”, preguntó
el ex secretario de Relaciones Exteriores de México, Jorge Castañeda. “No
importa si son meses”, gritó una mujer. “No importa si son años”, gritó otro. “Por eso estamos
aquí. Para pelear”.
Castañeda y otros quieren que el gobierno de México
respalde una estrategia difícil y quizás arriesgada para combatir el esperado aumento de las
deportaciones de sus compatriotas indocumentados en EE.UU. al apoyar la lucha
legal de los inmigrantes en el sistema judicial estadounidense. Al
congestionar a los ya abrumados tribunales de inmigración, Castañeda espera que el sistema jurídico
colapse, con lo que las deportaciones se detendrían.
El gobierno de México no ha apoyado la estrategia, pero
el presidente Enrique Peña Nieto presupuestó recientemente unos US$50 millones
para los 50 consulados del país en EE.UU. con el fin de que ayuden a pagar los costos de defender a
inmigrantes indocumentados que enfrentan la deportación.
A algunos les preocupa que Trump haya decidido ampliar el tipo de
indocumentados que están en riesgo de ser deportados, de las personas violentas
o peligrosas a las que apuntó el gobierno de Barack Obama a inmigrantes que han
incidentes menores con la ley.
Trump la llamó el domingo una “campaña contra los delincuentes ilegales”,
agregando en un tuit temprano en la mañana que “miembros de pandillas, traficantes de drogas y otros
están siendo expulsados”.
La reunión de Phoenix tuvo lugar dos días después de la
deportación de Guadalupe García, una mexicana de 36 años que vivió en EE.UU.
durante 22 años y tiene dos hijos nacidos en ese país. La expulsión de García alimentó el pánico y las
protestas en las comunidades de inmigrantes.
La
mexicana fue declarada culpable de robo de identidad, un delito grave, después
de haber sido arrestada en 2009 con una tarjeta del Seguro Social falsa.
La mujer había sido dejada en libertad con la condición de que se reportara con
agentes de inmigración cada seis meses. Esta semana, cuando se reportó a la
oficina de Inmigración y Aduanas en Phoenix, fue detenida y deportada a México.
Hace
poco, agentes de inmigración realizaron redadas y arrestaron a cientos de
inmigrantes en ciudades como Atlanta, Chicago, Los Ángeles y Nueva York,
intensificando los temores a lo largo de las comunidades hispanas.
Un oficial del Servicio de Inmigración y Control de
Aduanas de EE.UU. (ICE) dijo que las redadas eran similares a operaciones realizadas por la agencia en
el pasado en el sur de California.
“Es
real que es una amenaza”, dijo Rubén Reyes, un abogado de inmigración de
Phoenix que participó en la reunión. “Estamos en una emergencia”.
El encuentro del sábado, destinado a crear conciencia sobre la situación de los
inmigrantes indocumentados en EE.UU., fue organizada por activistas,
grupos empresariales y periodistas, en su mayoría de México.
Margarita Acosta, una inmigrante sin autorización que
asistió a la reunión, dijo que ella y su familia vivían con miedo desde la victoria de Trump. “Vivimos
en las sombras”, señaló. “Parece que somos felices, pero no somos felices. Vivimos con el
temor de qué va a pasar”.
La forma en la que México se ocupará del regreso gradual
de sus ciudadanos se ha
convertido en un problema importante entre los dos países desde la toma de
posesión de Trump. Los planes del nuevo mandatario estadounidense de aumentar
las deportaciones de mexicanos indocumentados, renegociar el Acuerdo de Libre
Comercio de América del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés) y construir un
muro fronterizo que financie México han provocado una reacción
nacionalista al sur de la frontera.
Manifestaciones en contra de Trump se realizaron el
domingo en Ciudad de México y más de dos decenas ciudades en todo el país.
También el domingo, Andrés Manuel López Obrador, el populista de izquierdista
que lidera las encuestas con miras a las elecciones presidenciales de 2018,
inició una gira por ciudades estadounidenses empezando en Los Ángeles. López
Obrador ha instado al
gobierno mexicano a denunciar ante las Naciones Unidas el trato a los
migrantes.
En la reunión de Phoenix, el senador del Partido de la
Revolución Democrática, Armando Ríos Piter, hizo un llamado al gobierno mexicano para que adopte una
línea más dura ante el gobierno de Trump sobre su trato a los inmigrantes y
otras cuestiones.
“Los
políticos en México se quedaron callados cuando Trump empezó a amenazar a los
mexicanos, y ahí siguen las cosas”, dijo. Pidió al gobierno que cese la
cooperación antinarcóticos y antiterrorismo con EE.UU.
Ríos Piter también instó a México a presionar a su vecino del norte comprando
alimentos como maíz amarillo de otros proveedores. “Tenemos que dejar muy claro
a EE.UU. que no vamos a comprar ni una tonelada de maíz”, dijo. “Todo el
corn belt votó por Trump. Nosotros compramos US$1.600 millones el año pasado,
paremos eso”.
Graco Ramírez, presidente de la Asociación de
Gobernadores Mexicanos, dijo
que los gobernadores planean hacer lobby ante sus homólogos estadounidenses
para que “decirles con claridad el daño que le van a hacer a sus economías si
apoyan las políticas de Donald Trump ”.
Pero no todos los legisladores están de acuerdo con
adoptar una postura más dura. “Si apuntamos a la confrontación sin intentar convencer, estamos
cometiendo un gran error”, dijo Gabriela Cuevas Barron, del opositor
Partido Acción Nacional, quien dirige el Comité de Relaciones Exteriores del
Senado mexicano.
Alrededor de 80% de las exportaciones de México se
dirigen a EE.UU., recalcó. “Yo
creo que hay que ir a negociar con más fuerza, pero no es un cheque en blanco”.
En la reunión, los inmigrantes exhortaron a los legisladores mexicanos a realizar
profundas reformas en su país, el cual, dijeron, se vieron obligados a
abandonar porque la
corrupción generalizada, la violencia y el terrible sistema educativo acabaron
con las oportunidades económicas.
“En
México no nos dan oportunidad, no nos dan educación, no se consigue un trabajo
sin palanca”, dijo María, una mujer que no quiso revelar su apellido.
“Aquí, mi hijo se graduó de la universidad. Si me hubiera quedado en México, eso no hubiera pasado.
Estaría yo vendiendo chicles en la calle”.
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