La
Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional Constituyente ambas sesionan en el
Palacio Federal Legislativo de Caracas, aunque en diferentes horarios.
La
Asamblea Nacional venezolana no ha aprobado una sola ley durante todo el año y
sus integrantes —los que todavía cumplen con las formalidades como si fuera
democracia representativa— han tenido dificultades en varias ocasiones para
reunir un cuórum.
Su sede administrativa es un páramo de escritorios
vacíos, computadoras inactivas y un malestar generalizado. Los pasillos están
envueltos en un crepúsculo cada vez más oscuro a medida que las bombillas se queman y no se
remplazan por falta de fondos. La oficina de información legislativa,
que imprime documentos para los comités legislativos y grupos externos, no tiene papel. De todos
modos, no podrían utilizarlo: las copiadoras se quedaron sin tóner el verano pasado.
Son
días sombríos para el órgano legislativo.
El cuerpo unicameral, que ha sido liderado por la
oposición desde las elecciones de diciembre de 2015, fue neutralizado este
verano, cuando el presidente Nicolás
Maduro diseñó la creación de un nuevo cuerpo legislativo compuesto enteramente
por sus partidarios chavistas, una acción que fue ampliamente criticada
en Venezuela y en el exterior como inconstitucional.
La nueva entidad, la Asamblea Nacional Constituyente
(ANC), se formó para reescribir la Constitución, pero poco tiempo después sus integrantes se otorgaron
amplias facultades para redactar y aprobar leyes, permitiendo que el
organismo quedara por encima de la Asamblea Nacional.
Esa estrategia produjo el inusual escenario de una nación
con dos legislaturas en duelo: una con poder absoluto y la otra con ninguno. Ambas utilizan la
misma ala del edificio del Capitolio del siglo XIX para sus sesiones plenarias, aunque a diferentes
horas del día para evitar encuentros poco agradables en los pasillos.
Cada
órgano ha acusado al otro de ilegitimidad y de participar en una
pantomima de democracia.
“Es
una tragicomedia total”, suspiró Juan Guaidó, un legislador de la
oposición que representa al estado de Vargas. “Parece un chiste”.
Además, la crisis política se desenvuelve mientras Venezuela queda más
sumida en una inflación altísima, una moneda con cada vez menor valor, una delincuencia
rampante y una profunda escasez de alimentos y medicinas. Los
pronósticos financieros son todavía más inciertos de cara al anuncio de Maduro de reestructurar la enorme deuda
externa del país ante las sanciones que hacen difícil atraer
inversiones.
La
Asamblea Nacional Constituyente fue establecida a mediados de 2017 y está
compuesta por chavistas.
La muerte lenta de la Asamblea Nacional tal vez estaba
anunciada cuando la oposición tomó el control de la cámara tras las elecciones
de diciembre de 2015, en medio del creciente descontento en Venezuela por la
crisis económica. Era la
primera vez en muchos años que la oposición tenía una mayoría legislativa, con
lo que se entabló una lucha de poder con Maduro y su Partido Socialista Unido
de Venezuela. El presidente y sus aliados rápidamente comenzaron a
debilitar los poderes del congreso.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), lleno de jueces
leales a Maduro, anuló casi todas las leyes que la asamblea aprobó en 2016 y la
despojó de sus poderes de supervisión presupuestaria, diciendo que sus líderes estaban en desacato por
ignorar una orden que prohibía la juramentación de varios diputados de
oposición que, según el chavismo, habían cometido fraude electoral.
Citando el fallo por desacato, el gobierno de Maduro
también recortó el presupuesto de la Asamblea Nacional, con reducciones a los salarios y los gastos de los
diputados, mientras que los legisladores del PSUV dejaron de asistir a
las sesiones.
En marzo/17, el tribunal supremo incluso intentó hacerse con los poderes
legislativos de la asamblea, argumentando que esta se había invalidado al
juramentar a los diputados impugnados. Esa decisión generó tanto repudio
en el interior del país y en el extranjero que el tribunal, a instancias de
Maduro, revirtió gran parte de la decisión.
Maduro
también ha intentado silenciar la disidencia de otras maneras, incluido el
enjuiciamiento de los líderes de la oposición. El viernes, el TSJ
autorizó que se le revocara la inmunidad parlamentaria a Freddy Guevara,
vicepresidente de la Asamblea Nacional, a quien el gobierno acusó de diversos delitos por su
participación en las protestas callejeras de este año.
Para los parlamentarios opositores y el personal de la
legislatura, lo sucedido en estos últimos dos años ha sido un estrangulamiento prolongado.
“Parece
ser una estrategia para ver cuánto aguantamos”, dijo José Ángel, un
asistente administrativo en la oficina de información legislativa ubicada en el
edificio de oficinas de la Asamblea Nacional, comúnmente conocido como
Pajaritos.
Aun así, la legislatura ha seguido funcionando,
aparentemente por pura fuerza de voluntad. Ha luchado por continuar el procedimiento legislativo con
reuniones, audiencias y alguna que otra sesión plenaria ocasional, y ha tratado
de responder a las inquietudes de los electores.
“Bajo
ninguna condición vamos a dejar de hacer lo que la gente nos ha pedido que
hagamos”, dijo en una entrevista Delsa Solórzano, quien representa al
estado de Miranda.
En
gran medida, la Asamblea Nacional se ha convertido en una plataforma para que
la oposición exprese sus críticas y el descontento generado por el gobierno de
Maduro. Una sesión plenaria reciente fue dedicada a las denuncias de
corrupción gubernamental en las elecciones regionales del 15 de octubre. Otra
audiencia de la comisión presentó testimonios sobre presos políticos.
“Es
un espacio pequeñito que tenemos para resistir”, dijo Guaidó, el
legislador de Vargas.
Pero a veces los parlamentarios no han aprovechado al
máximo el poco espacio que les queda. El 31 de octubre por la mañana se
reunieron decenas de miembros de la Asamblea Nacional y sus asistentes para una
sesión plenaria. Pero, después de un retraso de dos horas, la sesión fue
cancelada por falta de cuórum, y los desanimados representantes se
escabulleron.
La desesperante situación de la legislatura es motivo de
alegría para los chavistas.
“¡La
Asamblea Nacional en este momento no existe!”, dijo en una entrevista
Jesús Faría, miembro de la Constituyente y exministro de Comercio Exterior
durante la gestión de Maduro. “Están allí. Ahí está el escenario. Aprueban unos tipos de leyes que
no son pertinentes. Nadie les presta atención”. Y añadió, con risas
burlonas: “Ni necesitamos ignorarlos”.
De hecho, si estos son los tiempos más sombríos para la
Asamblea Nacional y la oposición, no podrían ser más brillantes para la Asamblea Nacional Constituyente
y el PSUV.
Impulsada por una victoria en las elecciones regionales a
favor del bando de Maduro, la Constituyente votó el 26 de octubre para
adelantar la fecha de las elecciones municipales, en parte para aprovechar el desorden que existe en la
oposición.
La
Constituyente también ha estado aprobando resoluciones con prontitud y
discutiendo una serie de proyectos de ley, según dijeron sus integrantes.
Una reunión de la Asamblea Nacional Constituyente, que
fue establecida para reescribir la Constitución pero cuyos integrantes se
empoderaron para legislar
Los críticos, sin embargo, afirman que el cuerpo
constituyente de 545 miembros —una especie de congreso destinado a representar
a todos los sectores de la sociedad— es un artificio de democracia y que sus decisiones son dictadas
directamente por Maduro y los dirigentes del órgano, la excanciller
Delcy Rodríguez y el exdiputado chavista Diosdado Cabello.
Pero
los miembros de la ANC dicen que, si bien todas las votaciones en la plenaria
han sido unánimes, se han desarrollado debates genuinos en las comisiones
y subcomisiones de la asamblea, que no se televisan ni son abiertas al público.
Sinecio Mujica, un miembro de la ANC que dirige una
cooperativa agrícola en el estado de Zulia, dijo que ha sido testigo de “discusiones enérgicas” en la
Comisión de Economía, de la que es miembro. Pero cuando los asuntos
llegan a la plenaria, dijo, “prácticamente
hay consenso”.
“Ellos
tienen influencia, indudablemente”, dijo, en referencia a Maduro y sus
aliados feroces en la cima de la jerarquía de la asamblea. “Pero ellos no
deciden, proponen”.
Los constituyentes disfrutaron de un buffet de entremeses
y diversas bebidas. La música sonaba a todo volumen desde unas bocinas. Mientras, los eventos de la
Asamblea Nacional se han visto privados de dinero, incluso para el café y el
agua.
Y mientras las oficinas de la Asamblea Nacional se
deterioran, el gobierno de Maduro está dando los toques finales a la renovación de un edificio icónico en
la histórica Plaza de Bolívar de la ciudad, para servir como la sede
administrativa de la Constituyente. Es visible desde el edificio de la Asamblea
Nacional, y de noche su fachada está bañada por el resplandor de los reflectores suaves, casi
como una provocación de los vencedores.
En el pasado, la sede de la Asamblea Nacional estaba llena de actividad y energía;
por sus pasillos siempre transitaban muchas personas y sus salas de reuniones
siempre estaban ocupadas. Ahora, con la actividad legislativa casi estancada y
pocos recursos, es un
espacio moribundo, una postal de decadencia y futilidad.
Una mañana hace poco, Adel Calzadilla estaba sentado
frente a su computadora en una habitación lúgubre y sin ventanas en las
oficinas de la delegación estatal de Carabobo, donde trabaja como asistente de
un diputado.
¿Qué
había estado haciendo todo el día? “Nada”, respondió. “Debo decir la verdad:
todo el personal aquí no hace nada”.
“Vamos
de mal en peor”, agregó. “Es muy triste”.
José, un mensajero de la Asamblea Nacional, dijo que como la mayoría de las
oficinas se habían quedado sin papel, ya no tenía correspondencia para
entregar. “Me siento allí y miro a mis compañeros de trabajo”, confesó.
Algunos de los integrantes del personal de la oposición dicen que siguen ahí motivados
por la promesa de un sueldo y porque mantienen aunque sea algo de fe en que el
trabajo que logren hacer rinda frutos en el posible mundo político que
surgiría después de Maduro.
Javier Rivas, un abogado de la Comisión de Política
Interna de 25 años, es uno
de los pocos hombres en el edificio que todavía usan corbatas para ir al
trabajo, casi como un recuerdo de los tiempos previos a que comenzaran a
abundar los jerseys deportivos en la oficina y de que estos se hicieran más
comunes que las chamarras deportivas. Para Rivas, su vestimenta es una muestra de apoyo para una
institución asediada, un acto de resistencia contra la decadencia.
“No
se puede permitir que las adversidades del gobierno o la situación social y
económica nos derroten”, dijo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Escriba sus comentarios aqui: