Se
llaman Paradise Papers, o Papeles del Paraíso, y son el capítulo más reciente
de una serie de filtraciones hechas públicas por el Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) que ponen luz en
los miles de millones de dólares que se mueven en los paraísos fiscales a nivel
global.
La filtración principal —más de 13 millones de
documentos— se enfoca en Appleby, un bufete legal en las islas Bermudas que se
fundó hace 119 años y atiende a corporaciones selectas y personas muy ricas. Appleby ayuda a sus clientes a
reducir su carga fiscal; opacar propiedades de bienes como compañías, aviones
privados, bienes raíces y yates; así como a establecer fideicomisos —que en
algunos casos alcanzan los miles de millones de dólares— en paraísos fiscales.
The New York Times es parte de un grupo de más de 380
periodistas de más de 90 medios en 67 países que han pasado meses examinando
los documentos más recientes.
Como
con los Papeles de Panamá, la filtración de los Papeles del Paraíso llegó
gracias a un dúo de reporteros del periódico alemán Süddeutsche Zeitung y fue
compartida con ICIJ, un grupo ubicado en Washington que ganó el Premio Pulitzer
por la investigación que realizó de la firma de abogados Mossack Fonseca en
Panamá. La difusión de esos documentos causó la renuncia de un primer
ministro el año pasado y ayudó a desenmascarar la riqueza de personas llegadas
al presidente ruso Vladimir Putin.
El predominio de clientes de élite de Appleby contrasta
con los de Mossack Fonseca, quienes
parecían discriminar menos en lo que a su cartera de clientes se refiere.
Muchos de esos documentos son una lectura aburrida: abundan las hojas de
cálculo, proyecciones y estados de cuenta. Pero entre esos documentos hay algunos que ayudaron a
revelar cómo las compañías multinacionales evaden impuestos y cómo los
superricos esconden su patrimonio. Los archivos van desde 1950 hasta
2016.
Appleby tiene oficinas en paraísos fiscales en todo el
mundo. Además de su
oficina principal en las islas Bermudas, también tiene filiales en las
Islas Vírgenes Británicas y las islas Caimán en el Caribe; la isla de Man y las
bailías de Jersey y Guernsey cerca de Inglaterra; Mauricio y las Seychelles en
el océano Índico, y Hong Kong y Shanghái.
Tanto
compañías como ciudadanos estadounidenses dominan la lista de clientes.
Los documentos no son solamente de Appleby, sino también de la compañía
singapurense Asiaciti Trust y registros oficiales de negocios en lugares como
las islas Bermudas, las islas Caimán, Líbano y Malta.
En
general es legal establecer compañías en el extranjero y las corporaciones lo
hacen para facilitar las transacciones internacionales como fusiones y compras.
Después de las preguntas del ICIJ, en un comunicado del 24 de octubre, Appleby
dijo que estaba “sujeta a revisiones regulatorias con frecuencia” en
“jurisdicciones muy reglamentadas”.
“Appleby
ha investigado profunda y enérgicamente las acusaciones y estamos satisfechos
al decir que no hay evidencia de algún acto indebido, ni de nuestra parte ni de
nuestros clientes”, menciona la compañía.
Pero con esta reciente filtración, algunos individuos y
corporaciones quizá piensen dos veces el usar estructuras de propiedad con
ventajas fiscales, dijo Jack Blum, un abogado que trabajó durante décadas en
comités del Congreso de Estados Unidos para investigar transferencias
monetarias al extranjero.
“El
peligro de ser descubierto ha aumentado exponencialmente”, mencionó Blum en una
entrevista. “Si yo fuera una persona rica que quisiera esconder mi dinero en el
extranjero para no pagar impuestos, mi pesadilla sería ponerlo en manos
de alguien cuyos
documentos fueran filtrados”
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