EL SUR DE COLOMBIA, UNA FRONTERA ASEDIADA POR DISTINTAS VIOLENCIAS

Faiber Sabogal, un campesino de 29 años, se recuperaba de dos heridas sentado en el porche de su casa, en la vereda El Tandil, ubicada en una zona selvática muy cerca de la frontera con Ecuador. Seis días antes, el 5 de octubre, una bala de fusil entró por la espalda de Faiber y salió por su abdomen, disparada a unos cincuenta metros de distancia.

“Yo iba corriendo lejos de los policías, pero el tiro me alcanzó y caí al suelo”, dijo mientras recordaba la protesta de cocaleros en la que resultó herido, y en la que al menos seis de sus vecinos murieron.

El Tandil es una vereda silenciosa perdida entre la selva, con casas hechas de tablas y latón, repartidas entre lomas surcadas por verdes sembradíos de coca. Los campesinos sobreviven casi aislados en una zona rural que pertenece al municipio de Tumaco, un puerto pesquero junto al Pacífico, en el departamento de Nariño, uno de los más pobres de Colombia.

Durante los últimos años, esta zona fértil que podría generar cultivos variados ha recibido a miles de campesinos desplazados que huían de los combates entre el ejército y las Farc. Muchos de ellos, como Faiber, llegaron desde el vecino departamento de Caquetá, también rural, con las manos vacías y decididos a cosechar la única hoja factible.

Hoy la coca, más rentable que cualquier otro cultivo, sigue creciendo en Colombia, y Tumaco es el municipio que hace el mayor aporte a esa industria: 23.148 hectáreas, de las 188.000 hectáreas de coca a escala nacional que acaba de contar la Administración para el Control de las Drogas de los Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés).

Para detener este auge, el gobierno de Juan Manuel Santos implementó en mayo el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, después de llegar a un acuerdo de paz con las Farc —que solían dominar la explotación cocalera— para erradicar y sustituir cien mil hectáreas del arbusto durante el primer año de aplicación del programa.

Este programa, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz, ha firmado acuerdos individuales y colectivos que beneficiarían a más de 140.000 familias en distintas regiones del país, con apoyo técnico y financiero que permitiría a los campesinos cambiar de rubro.

En todo Tumaco, donde el desempleo y la desigualdad campean, los hombres jóvenes suelen dedicarse a solo dos oficios: o cultivan la hoja de coca o viajan como mulas para exportar la cocaína hacia México y Estados Unidos.

Pero esa promesa no se ha cumplido. La FIP, un centro de pensamiento independiente, fundado en 1999 por un grupo de empresarios colombianos, dice en su más reciente informe que “el programa ha causado grandes expectativas en las comunidades locales, pero estas expectativas no se corresponden con los recursos y la capacidad del Estado”.

Según el informe, “las brechas entre la entrega de subsidios, la asistencia técnica y la inversión en bienes y servicios públicos han generado descontento en la población, y podría exacerbar el conflicto social. El telón de fondo de esta dinámica es una larga historia de abandono y fracaso al momento de cumplir con los compromisos, lo que ha generado altos niveles de desconfianza hacia el Estado”.

Picos, palas y balas

Durante los últimos cinco meses, el ejército y la policía antinarcóticos han llegado a las veredas de Tumaco para arrancar miles de arbustos a punta de picos y palas. Los hombres armados irrumpen en los caseríos y arrasan cosechas enteras en solo minutos. Detrás de ellos los campesinos, resignados, alcanzan a rescatar menos de la mitad de la hoja, que se seca en unas horas de forma inevitable.

Ancízar Artunduaga, otro campesino de 33 años, nacido también en Caquetá, llegó en 2005 a Tumaco para apostarle a la coca. La cultivó durante más de diez años en la vereda Puerto Rico, ubicada en la parte baja del río Mira, a un par de horas de camino de El Tandil, donde ocurrió la masacre el 5 de octubre. En algún momento Ancízar se cansó del trabajo en el campo e invirtió dinero en una tienda donde ahora provee químicos y fertilizantes a los vecinos que siguen cultivando la hoja.

La vereda de Puerto Rico está a pocos minutos de Ecuador. La mayoría de las casas son construcciones recientes, siempre hechas de madera y latón. Allí hay tiendas de abarrotes y un colegio, pero a la comunidad le ha costado mantener a los maestros, que dejan de asistir por miedo a la violencia o por lo costoso y difícil que resulta el viaje desde la zona urbana. Mientras tanto, los niños crecen y andan por ahí ociosos o muy ocupados raspando los arbustos de coca hasta esquilmarlos por completo.

En todo Tumaco, donde el desempleo y la desigualdad campean, los hombres jóvenes suelen dedicarse a solo dos oficios: o cultivan la hoja de coca o viajan como mulas para exportar la cocaína hacia México y Estados Unidos. En un solo viaje, pueden recibir hasta 100.000 dólares por el encargo.

Colombia puede mostrar hoy la tasa de homicidios más baja de los últimos veinte años, con un promedio nacional de 23,6 por cada cien mil habitantes. Pero Tumaco aún supera el 70.

El informe Forensis 2016, elaborado por el Instituto de Medicina Legal, analizó las cifras de homicidios registradas entre 2014 y 2016 en los veinticinco municipios que alojan las zonas veredales donde la antigua guerrilla de las Farc hace su tránsito a la vida civil.

Son lugares tradicionalmente violentos que durante años han vivido acosados por la guerra, atrapados entre los bandos en pugna. Entre esos veinticinco municipios, los homicidios ligados al conflicto armado han disminuido después del Acuerdo de Paz. Pero las muertes violentas asociadas a otros fenómenos, como enfrentamientos entre bandas y ajustes de cuentas, se han disparado.

Tumaco, así como Tibú —ubicado en el departamento Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela— y San Vicente del Caguán, en Caquetá, al sur del país, suman el 66 por ciento de los homicidios no ligados al conflicto armado en Colombia. Es decir, muertos que no fueron producidos directamente por la guerra, pero sí como secuelas de ella.

En toda la zona rural de Nariño, la guerra de hoy es hija de la paz. La salida de las Farc ha desatado una batalla por el control del territorio y el provecho financiero del narcotráfico. Por muchos años la guerrilla controló ese negocio. Cuando se fue, estalló la crisis: durante cinco meses, la economía informal alrededor de la coca prácticamente se suspendió porque faltaba un ejército que pusiera orden y gobernara la zona.

Las finanzas se descalabraron, el efectivo desapareció y centenares de familias vivieron del trueque: pasta base a cambio de comida en las tiendas ubicadas entre los caseríos. Hasta que un nuevo grupo, llamado Guerrillas Unidas del Pacífico, tomó el control del territorio y asumió las funciones del grupo desmovilizado.

Las GUP están integradas por antiguos miembros de las Farc que no se acogieron al Acuerdo de Paz. En las primeras horas después de la masacre de El Tandil, sus hombres fueron acusados de las muertes por el Ministerio de Defensa, pero rápidamente uno de los comandantes guerrilleros lo desmintió en un video. En pocas horas, un informe de la Defensoría del Pueblo atribuyó la posible autoría de los disparos a la policía antinarcóticos, que estaba en el lugar reprimiendo una protesta de cocaleros, entre los cuales estaba Faiber.

Durante los últimos cinco meses, el ejército colombiano y la policía antinarcóticos han llegado a las veredas de Tumaco para arrancar miles de plantas de coca. Los hombres armados irrumpen en los caseríos y arrasan cosechas enteras en solo minutos.

Ese mismo día, en Puerto Rico, otro contingente de la policía se enfrentó con los campesinos que intentaban proteger sus cultivos. Ancízar estaba junto a sus vecinos en otro cordón humano, cara a cara contra los hombres armados en la trocha de tierra y piedras que comunica al caserío con otras poblaciones y con el río Mira.

“Acá también dispararon, pero al aire. Hubo tres heridos; algunos corrieron y otros nos quedamos. Ya por aquí, después de ver tanta guerra, la gente está acostumbrada a los disparos”, dijo Ancízar.

Aquella mañana casi todo el pueblo se había vuelto a reunir para protestar, siempre tratando de salvar los cultivos. Pero la policía logró detenerlos e impedir que avanzaran, mientras el ejército, ubicado a escasos 300 metros, arrancaba arbustos hasta dejar pelada una hectárea de terreno cultivada de coca.

Ancízar dijo esa mañana que él y sus compañeros resisten básicamente porque no tienen alternativa. Las autoridades dicen que los cocaleros actúan obligados por las GUP, pero Ancízar rebate esa versión con un argumento sencillo: “Cuando usted depende de la coca para comer y criar a sus hijos, no necesita que nadie lo obligue a defender los cultivos. Lo que estamos defendiendo es la comida de nosotros”.

Las GUP se mantienen en el territorio encargadas de la seguridad, pero en constantes pugnas con otros grupos: el Clan del Golfo, una banda criminal integrada por más de tres mil hombres; y el Ejército de Liberación Nacional, una guerrilla tan antigua como las Farc.

Presión y amenazas

Del lado civil, los cultivos de Tumaco crecen en tierras de propiedad colectiva, controladas casi totalmente por dos gremios: el Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera, integrado por familias de origen afro, habitantes antiguos de esta zona, y la Asociación de Juntas de Acción comunal de los ríos Nulpe y Mataje,

Asominuma. Muchos afrocolombianos vendieron parcelas a colonos que llegaron desde otras regiones desplazados por las fumigaciones aéreas que el gobierno realizó en su eterna lucha contra el narcotráfico.

“Cada persona aquí que tiene su hectárea, fue porque se la compró al dueño original. Yo pagué por la tierra que tengo. Y como yo, muchas personas”, dijo Ancízar. Pero el problema de la tierra persiste aquí, pues la propiedad en muchos casos no está del todo clara. Líderes y distintas asociaciones han insistido en que el Estado debe resolver primero el conflicto de la tierra, antes de poder echar a andar un programa de sustitución de cultivos de forma efectiva.

El consejo comunitario y Asominuma suscribieron con el gobierno el acuerdo para dejar la coca y empezar a sembrar plátano, cacao, caña, pimienta y otros. Ambos quieren desprenderse de la coca, porque, según dicen, trae demasiada violencia y escaso dinero para sostener a sus familias. Pero los civiles temen que los dueños del negocio, los narcotraficantes, acaben con ellos por propiciar el fin de su lucro. Las amenazas son ciertas y muchas se han concretado.

Desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Colombia y las Farc, decenas de líderes sociales y comunitarios han sido asesinados en una campaña que empieza a recordar el exterminio perpetrado en los años ochenta y noventa contra el partido de izquierda Unión Patriótica. En aquella época, miles de asesinatos y persecuciones fueron perpetrados por paramilitares y cuerpos de seguridad del Estado.

Hoy en Tumaco ese fenómeno está vivo. Y los temores de los líderes locales se han materializado en días recientes, con múltiples amenazas y el homicidio de José Jair Cortés, miembro del consejo comunitario. Cortés, junto a otros líderes afro, participó en una reunión con el vicepresidente Óscar Naranjo, días después de la masacre de El Tandil y le manifestó el temor que él y sus compañeros tenían ante la violencia creciente que vive la zona. A las pocas horas, el 17 de octubre Cortés fue asesinado en su casa.

Elier Martínez es un líder comunitario en la zona de Tumaco y perdió a varios amigos en la masacre del 5 de octubre. La salida de las Farc ha desatado una batalla por el control del territorio y el provecho financiero del narcotráfico.

Todo este fenómeno ha puesto el ojo sobre la política antidrogas de la administración de Santos. La erradicación forzada propicia los excesos policiales y sus desenlaces violentos.

Hace poco el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció que para este mes se alcanzaría la meta de 40.000 hectáreas erradicadas de manera forzosa, pero a esa cifra habría que restar al menos un diez por ciento de resiembra por parte de los campesinos.

La sustitución ofrecida a las familias que viven de la coca luce lejana e improbable. Los desplazados que llegaron a Tumaco desde distintos rincones de Colombia en busca de la bonanza al final solo encontraron la misma miseria de siempre. La Fundación Paz y Reconciliación dice que el caso de Tumaco puede repetirse pronto en al menos diez municipios del país.

La masacre, que sigue bajo investigación, encendió alarmas y generó ruido entre la opinión pública en Bogotá. Pero poco a poco la indignación por las muertes empieza a apagarse, como ha ocurrido en ocasiones anteriores con incontables masacres similares. La sociedad colombiana parece haber hecho un callo, a fuerza de ver repetidas tantas muertes innecesarias. Es solo cuestión de tiempo antes de que otro caso vuelva a despertar la intermitente indignación colectiva.

Aquella tarde, en el porche de su casa, después de sobrevivir a la masacre de El Tandil, Faiber Sabogal recordaba la mañana en que se libró de la muerte por muy poco. Como no había ningún hospital cerca, su padre y varios campesinos amigos lo trasladaron herido hasta el pueblo de San Lorenzo, del lado ecuatoriano. Allá llegó junto con otros heridos y le salvaron la vida.

Detrás de su brazo izquierdo, Faiber lucía otra cicatriz antigua. “Esto fue hace años, en Caquetá, en un combate del ejército con las Farc. Pero esa vez sí me dieron sin culpa”, dijo, y siguió caminando despacio hacia la entrada de su casa. Allí, con un gesto de la mano, pidió a que le trajeran la historia clínica, elaborada durante su estadía en el hospital. “Tengo todos los papeles y estoy hablando con un abogado para meterle una demanda al Estado”, dijo.

La pequeña historia de este campesino sirve para dibujar el mapa cruento de Colombia, un país que intenta construir la paz, atrapado todavía en los resabios de una guerra omnipresente. En Caquetá y Nariño, con cinco años de diferencia, Faiber sobrevivió a dos disparos de fusil; algo extremo e improbable, pero nada sorprendente en este país