Miles
de migrantes nicaragüenses que llegaron de manera ilegal a Estados Unidos,
muchos de ellos hace décadas, perderán un permiso especial para quedarse en ese
país, según anunció el gobierno de Donald Trump el lunes.
Sin embargo, funcionarios del Departamento de Seguridad
Nacional dijeron que la
fecha de término del programa sería aplazada un año, hasta el 5 de enero del
2019, para que los 2500
nicaragüenses tengan tiempo de dejar el país o arreglar su estatus migratorio.
El programa con el que podían quedarse, el Estatus de Protección
Temporal (TPS, por su sigla en inglés), fue establecido en 1990 por el congreso
estadounidense para proteger a extranjeros, especialmente centroamericanos, que huían de
conflictos, catástrofes o desastres; fue ampliado también para
beneficiar a haitianos después del terremoto de 2010.
Los funcionarios dijeron que Elaine Duke, la secretaria
en funciones de Seguridad Nacional, no había tomado aún una decisión para los cientos de miles de
migrantes haitianos, salvadoreños y hondureños que también son beneficiarios
del programa. El departamento tenía hasta el 6 de noviembre para decidir
si extender o poner fin al programa para personas de Nicaragua y Honduras; para
estas últimas será
aplicable por lo menos hasta el 5 de julio. Para los haitianos, el plazo
para decidir es el 23 de noviembre.
El gobierno de Trump dijo que, en algunos casos, la protección se ha extendido
durante décadas y las condiciones en los países de origen, según los
departamentos de Estado y de Seguridad Nacional, habían mejorado lo suficiente
como para que pudieran regresar. El gobierno estadounidense y algunos
legisladores dijeron que
los migrantes cobijados por el TPS reciben servicios públicos y ocupan trabajos
que podrían ser dados a ciudadanos estadounidenses.
Muchas de las más de 300.000 personas resguardadas de la
deportación como parte del programa han vivido en Estados Unidos durante años y son dueños de hogares,
tienen carreras y han tenido hijos que sí son ciudadanos.
Ahora
su futuro es incierto.
Quienes tienen protección con el programa tendrán seis
meses para salir de territorio estadounidense cuando se venzan sus permisos. Diez países califican para el
TPS: El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Sudán del
Sur, Siria y Yemen.
La decisión del gobierno de Trump de retirar el estatus para los nicaragüenses es
parte de un esfuerzo para reducir la migración por vías tanto legales como
ilegales a Estados Unidos. La Casa Blanca ha buscado aplicar de manera
más agresiva las leyes migratorias, al arrestar y deportar a quienes están sin
papeles en Estados Unidos sin importar si han cometido algún delito grave,
además de que han reducido el número de refugiados y asilados.
“Hay
mucha gente que no tiene nada. Su única esperanza es el TPS”.
Activistas a favor de los migrantes y legisladores
demócratas calificaron de
inhumano el anuncio del retiro del TPS para las personas oriundas de Nicaragua.
El senador Benjamin Cardin, demócrata por Maryland, dijo
que enviar a miles de
personas de regreso a naciones centroamericanas cuando todavía se recuperan de
desastres o de conflictos internos podría desestabilizar aún más a esos países.
Cardin criticó que la medida es parte de una “agenda
radical antiinmigración de la Casa Blanca” y que no ha estudiado análisis más honestos sobre las
condiciones en los países.
“La recomendación del gobierno de Trump de ponerle fin al
Estatus de Protección Temporal a cientos de miles de personas de todo el mundo
que viven en Estados Unidos
es cruel y penoso”, dijo Steven Choi, director ejecutivo de la New York
Immigration Coalition, durante una conferencia de prensa. “Estados Unidos no será más
grandioso o seguro con enviar de regreso a personas que ya hicieron una vida
aquí”.
Aunque Belinda Osorio, hondureña de 48 años que llegó a
Estados Unidos en 1991 en busca de trabajo, dijo que se sentía algo aliviada de que la situación no
fue tan mala como esperaba: había escuchado rumores de que su estatus sería
anulado de manera inmediata.
Sin embargo, reconoció que solo estaba posponiendo el
pánico.
“No
creo que en seis meses se vaya a arreglar algo, porque ¿qué vamos a hacer
después de seis meses?”, dijo Osorio, quien trabaja como mucama en un
hotel de Disney World Resort en Orlando, Florida. “No nos vamos a ir. Yo no voy a dejar mi país y no voy a
llevar a mis hijos a un país peligroso”.
Dijo temer que si es forzada a regresar a Honduras, su
hijo de 14 años sería amenazado con unirse a una pandilla. La madre de 72 años
de Osorio, dijo, ya ha sido extorsionada por pandilleros y Osorio teme que la situación
sería todavía peor para ella y sus hijos como retornados de Estados Unidos.
Como otros beneficiarios del TPS, Osorio ya construyó una vida con la impresión de
que no tendría que regresar. Está casada con un ciudadano estadounidense,
tienen dos hijos y ella cuenta con un trabajo con el cual su familia tiene
acceso a seguro de gastos médicos. Dijo que durante años ha intentado
solicitar una tarjeta de residencia, o green card, con base en su matrimonio, y
que esperaba que su solicitud fuera exitosa antes de que termine su acceso al
TPS.
“Yo
al menos tengo esperanza por mi esposo, pero hay mucha gente que no tiene nada.
Su única esperanza es el TPS”, dijo. “No es justo después de tantos años de trabajar tan duro en este país
que quieran deshacerse de nosotros así como así”.
El exsecretario de Seguridad Nacional John Kelly, ahora
jefe del personal de la Casa Blanca, extendió el programa para los haitianos en mayo, por lo que tienen
hasta finales de noviembre para que se determine si pueden quedarse.
Los salvadoreños, que representan el 60 por ciento de
quienes están en el programa de protección, tienen hasta el 9 de marzo antes de que expire su
estatus.
Este se renueva de manera periódica y los beneficiarios tienen que
tener su permiso en orden para evitar la deportación con el pago de 495 dólares
cada vez que lo retoman. El gobierno de Obama usualmente extendía el
estatus por dieciocho meses a la vez.
Un grupo bipartidista en el congreso –compuesto por los
republicanos por Florida Carlos Curbelo e Iliana Ros-Lehtinen y por los
demócratas del mismo estado Frederica S. Wilson y Alcee Hastings– introdujeron
una propuesta legislativa la semana pasada con la cual algunos haitianos, nicaragüenses,
salvadoreños y hondureños podrían recibir estatus migratorio legal.
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