Los
cancilleres de la Unión Europea aprobaron un embargo de armas contra Venezuela
como parte de lo que calificaron como “medidas restrictivas” para presionar al gobierno
del presidente Nicolás Maduro a que fortalezca el Estado de derecho y la
democracia.
Los ministros también establecieron el marco legal para
posiblemente imponer sanciones, incluidas las prohibiciones de viaje y la congelación de activos
contra los funcionarios del régimen, una medida que el gobierno de Donald Trump
ya ha tomado contra docenas de funcionarios del gobierno venezolano, incluido
el mismo Maduro.
Pero
los cancilleres no nombraron a ningún funcionario en específico que pudiera
estar sujeto a tales sanciones, diciendo que aún esperaban que Venezuela
pudiera encontrar una “vía pacífica negociada” para salir de su crisis
económica y política.
“La
principal responsabilidad de poner fin a la crisis en Venezuela reside en el
país”, dijeron los ministros en un comunicado. “La Unión Europea insta
al gobierno a que
restablezca urgentemente la legitimidad democrática, entre otras cosas,
mediante la celebración de elecciones libres y justas, y, a la oposición, a que
continúe implicándose de
forma unificada en busca de una solución negociada de las tensiones actuales,
en interés del país”.
Los
líderes de la oposición en Venezuela anunciaron la semana pasada que planeaban
reanudar las negociaciones con el gobierno de Maduro esta semana en
República Dominicana. La oposición dijo que tenía la intención de establecer las condiciones para
que el próximo año haya unas elecciones presidenciales justas y democráticas.
La nueva presión europea sobre Venezuela se produce cuando el país se recupera de
una crisis económica que ha provocado una inflación de casi cuatro dígitos,
lo que ha elevado las tasas de pobreza, impactado los servicios públicos y
agotado los suministros en farmacias y supermercados, lo que ha causado grandes dificultades y obligado
a cientos de miles de venezolanos a emigrar.
Aunque
Maduro es muy impopular, ha utilizado el aparato judicial y otras ramas del
gobierno para reforzar su control del poder, encarcelado a destacados
críticos y desmoralizado a la oposición, que ha sufrido profundas divisiones
luego de su pobre actuación en las elecciones regionales, en las que el
gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) pudo reforzar su influencia.
Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión
Europea citaron esas
elecciones, marcadas por acusaciones de fraude y trampas electorales,
como unas de las razones para la decisión tomada el lunes y urgieron al
gobierno de Maduro que permita una “auditoría exhaustiva e independiente” de los resultados.
“Estos
hechos han acentuado la polarización política en el país”, dijo el
grupo.
En un comunicado, el gobierno de Maduro calificó las nuevas
restricciones europeas de “ilegales, absurdas e ineficaces”.
También, el gobierno de Maduro, en un intento por aliviar
la crisis económica de Venezuela y evitar un impago, inició conversaciones en
Caracas para la renegociación
de su gran deuda externa que ha disminuido las reservas internacionales que se
usarían para importar alimentos y medicinas.
Decenas de tenedores de bonos o sus representantes
acudieron al encuentro, aunque muchos inversionistas de todo el mundo rechazaron la invitación,
citando preocupaciones de seguridad en medio de la violencia de la capital y la
posibilidad de que pudieran entrar en conflicto con las sanciones estadounidenses.
Pero los funcionarios de Caracas no presentaron
propuestas firmes a los asistentes, según informó Reuters, y no se programaron
reuniones futuras. Eso dejó a los acreedores y analistas en una posición
incierta respecto a si el gobierno de Maduro tiene algún tipo de estrategia para resolver su problema
de deuda.
“No
creo que tengan un plan completamente definido”, dijo Diego Ferro, un
ejecutivo de Greylock Capital, una casa de inversiones que posee bonos
venezolanos, aunque sus representantes no asistieron a la reunión. “Organizar esa reunión en
Caracas en este momento parecía ser más una declaración política de su parte
que un diálogo realmente constructivo. Nada debería sorprender eso”.
Maduro ha dicho que espera reestructurar los 63.000 millones de dólares
en bonos de Venezuela, la mayoría emitidos por el gobierno y la estatal
Petróleos de Venezuela, conocida como Pdvsa. Ha hecho de los pagos de la deuda externa del país una
piedra angular de su política económica, incluso a expensas de
alimentos, medicinas y otras importaciones críticas para el país.
Durante el fin de semana, Maduro reiteró ese compromiso declarando que Venezuela
“nunca” caería en cesación de pagos.
Pero
muchos analistas han cuestionado la sinceridad del intento de Maduro de
refinanciar la deuda, diciendo que si fuera realmente serio, no habría
nombrado a Tareck El Aissami, su vicepresidente, como jefe de las
negociaciones. El gobierno estadounidense le impuso sanciones a El Aissami este
año, lo que impide que las
instituciones financieras estadounidenses hagan negocios con él.
En total, Venezuela debe más de 120.000 mil millones de dólares, incluidas
las deudas de bonos, los pagos de petróleo a Rusia y China y las reclamaciones
pendientes de las compañías de servicios petroleros.
Para complicar aún más el panorama económico de
Venezuela, su producción
de crudo cayó por debajo de los dos millones de barriles por día, su punto más bajo en 28 años.
El petróleo es la principal fuente de ingresos del gobierno.
Las presiones económicas y políticas sobre Venezuela
también se evidenciaron en las Naciones Unidas, donde el Consejo de Seguridad
celebró una reunión
informal para analizar el deterioro de la situación en la nación y la posible
amenaza que eso posa para la estabilidad regional.
El embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, no
asistió al encuentro, pero sostuvo una conferencia de prensa en la que denunció
la reunión como “un acto
hostil” de Estados Unidos y una violación de la soberanía de Venezuela.
“Nuestros
asuntos los resolveremos nosotros mismos y en paz”, declaró en una
publicación de Twitter.
China
y Rusia, ambos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, se negaron a
asistir y sugirieron que cualquier acción o condena de Estados Unidos y otros
países sobre el caso de Venezuela probablemente se toparía con una fuerte
resistencia.
Por otra parte, en Nueva York, la International Swaps and
Derivatives Association, una organización de comercio, se reunió para analizar
la situación de la deuda de Venezuela y si los pagos atrasados de los bonos
de Pdvsa, hechos a
principios de este mes, constituyeron una violación a las condiciones de los créditos.
Si el grupo llega a determinar que Venezuela violó las
condiciones, eso podría
causar que los tenedores de deuda cobraran un tipo de seguro de incumplimiento
crediticio conocido como swaps.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Escriba sus comentarios aqui: