Esta
es la tercera vez que Rusia ayuda a Venezuela por sus problemas financieros, de
cara a un posible impago del gobierno de Nicolás Maduro, aunque el monto
otorgado por Moscú representa apenas una fracción mínima de lo que todavía debe
pagar Caracas.
Venezuela
estaba al borde del incumplimiento de los pagos de su deuda, pero Rusia le
lanzó un salvavidas. El ministro ruso de Finanzas, Anton Siluanov,
anunció que ambos países
acordaron la reestructuración de aproximadamente 3000 millones de dólares en
préstamos del Kremlin.
Esa
cantidad es muy pequeña comparada con la enorme deuda de 120.000 millones de
dólares que tiene Venezuela, pero le ayudaría al gobierno de Nicolás
Maduro a hacer pagos por cientos de millones de dólares en las próximas semanas
a otros acreedores y posiblemente sirva para asegurarle a los tenedores de bonos que el impago no es
inminente.
El
gobierno venezolano ha luchado para cubrir el pago pendiente de un bono de
PDVSA 2017 por 1200 millones de dólares, con un plazo que no tenía un
período de gracia.
Para la madrugada del miércoles, los inversores y
analistas financieros habían comenzado a temer que Venezuela no obtendría el
dinero para honrar sus deudas. Aunque, iniciaron las transferencias vencidas a
los tenedores de bonos.
Sin
embargo, Venezuela ha retrasado el pago de más de 350 millones de dólares en
intereses sobre varios bonos desde octubre, con períodos de gracia que vencen
en las próximas semanas.
“Resulta claro que los venezolanos han buscando ayuda en
todas partes y, en este momento, Rusia es su fuente más viable de
financiamiento”, dijo Risa Grais-Targow, directora para América Latina de
Eurasia Group, una firma de análisis de riesgo. “Los venezolanos han estado presionando
mucho a los rusos”.
Esta
es la tercera vez en un año que Rusia ha aceptado ayudar a Venezuela por sus
problemas financieros. Y sus préstamos al gobierno de Maduro forman
parte de una estrategia mundial que utiliza a Rosneft, la petrolera estatal rusa,
para ayudar a alcanzar los objetivos de política exterior del gobierno de
Vladimir Putin.
En
los últimos tres años, Rusia le ha proporcionado 10.000 millones de dólares en
asistencia financiera al gobierno de Caracas y, el año pasado, Rosneft
adquirió una participación del 49,9 por ciento en Citgo, la filial de la
petrolera estatal venezolana en Estados Unidos. Eso representaba la garantía de
un préstamo de 1500 millones de dólares para Petróleos de Venezuela, mejor
conocida como PDVSA. Rosneft está negociando para cambiar su participación en
Citgo por los campos petrolíferos de Venezuela.
Las
inversiones de Rosneft también se han centrado en Cuba, China, Egipto y
Vietnam, y ha estado buscando acuerdos en el este del Mediterráneo y África,
zonas en las que rivaliza con los intereses estadounidenses. El uso de su
compañía petrolera como una herramienta geopolítica le ha dado a Rusia más
espacio para operar en un momento en que las sanciones occidentales pesan
fuertemente sobre su economía.
El logo de la petrolera estatal, Petróleos de Venezuela,
junto a un mural del expresidente Hugo Chávez en una gasolinera de Caracas. En los últimos tres años, Rusia
le ha proporcionado 10.000 millones de dólares en asistencia financiera al
gobierno de Caracas.
Los términos de la reestructuración fueron dados a
conocer el miércoles, y tampoco los detalles del préstamo original.
Grais-Targow dijo que el préstamo ruso podría remontarse a varios años atrás, a una época en que
el expresidente Hugo Chávez, quien murió de cáncer en 2013, compró armamento
ruso.
Como
Venezuela generalmente le paga a Rusia con petróleo, la renegociación podría
significar que el gobierno de Maduro tendrá más petróleo para vender en los
mercados mundiales y así conseguir el efectivo que necesita para pagar
la deuda e importar alimentos y medicinas.
Stuart Culverhouse, jefe de investigación soberana y de
renta fija de Exotix Capital, un banco de inversión de mercados emergentes y corredor que
comercializa bonos venezolanos, describió la renegociación como “Rusia tratando
de ser razonablemente amigable para evitar algo peor”.
El gobierno venezolano invitó el próximo lunes a los
tenedores de bonos internacionales a Caracas para comenzar las negociaciones
para reestructurar más de 50.000 millones de dólares en bonos adeudados a
acreedores privados. El anuncio de que buscaría la reestructuración fue un
reconocimiento de que Venezuela
no puede pagar todas sus deudas a tiempo, pero cualquier renegociación
será difícil, si no es que imposible, debido a las sanciones de Estados Unidos.
Estas
prohíben a los estadounidenses tratar con el hombre a cargo de la
renegociación, el vicepresidente Tareck El Aissami, a quien los funcionarios
estadounidenses han vinculado con el tráfico de drogas. Las sanciones
implementadas en agosto también restringen la comercialización de bonos
venezolanos vendidos por el gobierno en los mercados financieros
estadounidenses.
Pero el llamado a negociar también hace que sea
improbable que los venezolanos sean quienes declaren una falta de pago, por lo que un impago tendría que
ser declarado por los principales acreedores.
Para que ocurra un incumplimiento, los tenedores del 25
por ciento del valor de los bonos primero tendrían que plantear el problema con
los fideicomisarios o los agentes fiscales que figuran en los bonos. Si el gobierno no satisface al
fideicomisario o agente que está preparado para cumplir con las obligaciones,
los acreedores pueden buscar una resolución ante el tribunal.
Culverhouse dijo que no cree que los tenedores de bonos, un diverso grupo de individuos e
instituciones financieras venezolanas e internacionales, tomen acciones de una
forma precipitada.
“No
creo que la mayoría quiera acelerar las cosas y declarar un incumplimiento en
este momento”, dijo, “primero querrían ver cuál será la reacción del
gobierno”.
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