COMO ES LA LEY ANTISOBORNO PARA EMPRESAS

El 31 de marzo venció el plazo para que las empresas de Colombia adapten sus programas de ética empresarial y transparencia a la Ley Antisoborno y evitar así sanciones que dependen del sector al que pertenece la firma.

Ante la advertencia de la Superintendencia de Sociedades sobre el vencimiento del plazo para que todas las empresas adopten programas de ética que eviten el soborno transnacional y la sugerencia a las demás sociedades para que se acojan a la misma ley, la firma auditora Deloitte hace cinco sugerencias para acogerse a la ley.

La primera sugerencia es evaluar los riesgos de la empresa, su cumplimiento y la política de ética que deben adoptar. Para esto, es necesario revisar los impactos fiscales, financieros, legales y reputacionales que afectarán más adelante el buen desempeño de los negocios de la firma.

De acuerdo con Deloitte, aunque es imposible precisar la exposición total de una empresa frente al riesgo, sí es posible priorizar los riesgos que se administrarán de una manera más activa. Esto además le proporciona a la empresa una base para determinar las acciones de mitigación, reparación y prevención de los mismos riesgos.

El segundo consejo es crear el cargo de vicepresidente de ética y cumplimiento. Para el cargo, la firma de auditoría sugiere que para esta labor se designe a un líder empresarial que defina las fronteras entre los importante y lo urgente, facilite las labores de la junta directiva en las tareas de ética, mantenga buenas relaciones con los trabajadores y se comunique con ellos de manera acertada.

En tercer lugar, la firma debe contar con un programa de monitoreo y pruebas para mantener el ambiente de control efectivo. Esto además permitirá verificar qué tan efectivo es el programa de cumplimiento que adopte la empresa y emitir alertas tempranas sobre el mismo tema.

Por último, la empresa debe crear una cultura corporativa y “marcar la pauta desde arriba”. Es decir, el ejemplo de ética y cumplimiento empieza desde el cargo más alto que tenga la compañía.

Para crear la cultura corporativa que será lo que determine el comportamiento de todos los empleados, deben delimitarse los valores organizacionales, empoderar a los mandos medios para que promuevan los buenos comportamientos, el mensaje de los altos  mandos hacia sus empleados debe ser consistente, deben tener coherencia en el trato a los empleados e instalar un sistema de incentivos, recompensas y promoción de empleados con base en los valores éticos.

La empresa también necesitará un liderazgo ejecutivo que promueva el comportamiento ético y legal de los empleados, crear puestos de escucha para que los trabajadores compartan sus pensamientos y comportamientos y, en ese sentido, permitir un ambiente de comodidad para que los empleados compartan sus inquietudes sobre el programa de ética corporativa adoptado.

PROPUESTAS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA INCLUIR EN UNA LEY ANTICORRUPCION PARA EMPRESAS

A continuación, se presenta un listado de propuestas que podrían incluirse en una ley anticorrupción dirigida a empresas, con el objetivo de promover la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas en el sector privado:

Obligación de implementar programas de cumplimiento (compliance): Establecer la obligatoriedad de que las empresas cuenten con programas de prevención de corrupción, que incluyan políticas, procedimientos y controles internos para detectar y evitar actos ilícitos.

Designación de un oficial de cumplimiento (Compliance Officer): Exigir la designación de un responsable de cumplimiento dentro de la empresa, encargado de supervisar y garantizar el cumplimiento de las normas anticorrupción.

Prohibición de sobornos y pagos ilícitos: Prohibir explícitamente el pago de sobornos, coimas o cualquier tipo de compensación ilícita a funcionarios públicos, clientes o proveedores, tanto a nivel nacional como internacional.

Transparencia en las relaciones con el sector público: Establecer la obligación de reportar y hacer públicos los contratos, acuerdos y transacciones con entidades públicas, incluyendo los beneficiarios finales.

Regulación de donaciones y contribuciones políticas: Limitar y regular las donaciones y contribuciones de las empresas a partidos políticos, candidatos o campañas electorales, para evitar la influencia indebida.

Protección a denunciantes (whistleblowers): Crear mecanismos de protección para empleados, proveedores y terceros que denuncien actos de corrupción, garantizando su anonimato y protección contra represalias.

Auditorías externas independientes: Exigir la realización de auditorías externas periódicas para verificar el cumplimiento de las normas anticorrupción y la integridad de los estados financieros.

Sanciones y multas proporcionales: Establecer sanciones económicas y administrativas proporcionales al tamaño y facturación de la empresa, así como la posibilidad de inhabilitación para contratar con el sector público en casos graves.

Responsabilidad penal de personas jurídicas: Introducir la responsabilidad penal de las empresas por actos de corrupción cometidos por sus directivos, empleados o representantes, con penas que incluyan multas y la suspensión de actividades.

Debida diligencia en la cadena de suministro: Obligar a las empresas a realizar evaluaciones de riesgos y debida diligencia sobre sus proveedores, socios comerciales y terceros para prevenir la corrupción en la cadena de suministro.

Capacitación obligatoria en ética y anticorrupción: Exigir la implementación de programas de capacitación periódica para empleados y directivos sobre normas éticas, anticorrupción y cumplimiento legal.

Prohibición de contratación con empresas sancionadas: Impedir que empresas condenadas por corrupción participen en licitaciones públicas o reciban beneficios fiscales durante un período determinado.

Creación de un registro público de empresas sancionadas: Establecer un registro accesible al público que liste a las empresas sancionadas por corrupción, con detalles de las infracciones y sanciones aplicadas.

Incentivos fiscales para empresas con buenas prácticas: Ofrecer beneficios fiscales o preferencias en contrataciones públicas a empresas que demuestren altos estándares de transparencia y cumplimiento anticorrupción.

Cooperación internacional: Promover la cooperación con organismos internacionales y otros países para combatir la corrupción transnacional, incluyendo el intercambio de información y la asistencia legal mutua.

Prohibición de destrucción de evidencia: Establecer sanciones para las empresas que destruyan, oculten o alteren evidencia relacionada con investigaciones de corrupción.

Regulación de conflictos de interés: Obligar a las empresas a identificar y gestionar conflictos de interés entre empleados, directivos y socios comerciales, con medidas preventivas y correctivas.

Reporte financiero transparente: Exigir la presentación de informes financieros detallados y auditados, con especial atención a transacciones inusuales o de alto riesgo.

Prohibición de contratar a exfuncionarios en situaciones de conflicto: Limitar la contratación de exfuncionarios públicos en áreas donde puedan aprovechar información privilegiada o influencia indebida.

Evaluación periódica de riesgos de corrupción: Obligar a las empresas a realizar evaluaciones periódicas de riesgos de corrupción y a implementar medidas para mitigarlos.

Promoción de una cultura de integridad: Fomentar la adopción de códigos de ética y conducta que promuevan una cultura organizacional basada en la integridad y la transparencia.

Colaboración con autoridades en investigaciones: Establecer incentivos para que las empresas colaboren activamente con las autoridades en investigaciones de corrupción, incluyendo la reducción de sanciones en casos de cooperación efectiva.

Regulación de regalos y gastos de representación: Limitar y regular el otorgamiento de regalos, viajes, comidas u otros beneficios a funcionarios públicos o socios comerciales, para evitar situaciones de influencia indebida.

Uso de tecnología para la transparencia: Promover el uso de herramientas tecnológicas, como blockchain, para garantizar la trazabilidad y transparencia de las transacciones financieras.

Revisión y actualización periódica de la ley: Establecer un mecanismo de revisión periódica de la ley para adaptarla a los nuevos desafíos y prácticas de corrupción que surjan con el tiempo.

Establecimiento de canales de denuncia confidenciales: Obligar a las empresas a implementar canales de denuncia seguros y confidenciales, tanto internos como externos, para reportar actos de corrupción.

Prohibición de facturación falsa o ficticia: Penalizar la emisión de facturas falsas o ficticias, que suelen utilizarse para ocultar sobornos, evasión fiscal o lavado de dinero.

Regulación de consultores y intermediarios: Exigir que las empresas realicen una debida diligencia sobre consultores, intermediarios y agentes comerciales, para asegurar que no se utilicen como vehículos para pagos corruptos.

Control de gastos corporativos: Implementar controles estrictos sobre los gastos corporativos, especialmente aquellos relacionados con viajes, entretenimiento y representación, para evitar malas prácticas.

Prohibición de pagos en efectivo de alto monto: Limitar o prohibir los pagos en efectivo por encima de un monto determinado, para fomentar la trazabilidad de las transacciones.

Auditorías internas obligatorias: Exigir la realización de auditorías internas periódicas para evaluar el cumplimiento de las políticas anticorrupción y detectar posibles irregularidades.

Regulación de fusiones y adquisiciones: Establecer requisitos de transparencia y debida diligencia en procesos de fusiones y adquisiciones, para evitar la compra de empresas con historiales de corrupción.

Prohibición de obstrucción a investigaciones: Penalizar a las empresas que obstruyan investigaciones, ya sea mediante la destrucción de documentos, la intimidación de testigos o la falta de cooperación con las autoridades.

Transparencia en la propiedad accionaria: Obligar a las empresas a revelar la identidad de sus accionistas y beneficiarios finales, para evitar el uso de estructuras opacas que faciliten la corrupción.

Regulación de incentivos y bonos a ejecutivos: Establecer criterios claros y éticos para la asignación de bonos e incentivos a ejecutivos, evitando que se premien resultados obtenidos mediante prácticas corruptas.

Prohibición de contratación de familiares en posiciones clave: Limitar la contratación de familiares de directivos o funcionarios en posiciones clave dentro de la empresa, para evitar nepotismo y conflictos de interés.

Implementación de sistemas de monitoreo en tiempo real: Promover el uso de tecnologías avanzadas, como inteligencia artificial y análisis de datos, para monitorear transacciones y detectar patrones sospechosos en tiempo real.

Prohibición de contratos con empresas fantasma: Impedir la celebración de contratos con empresas fantasma o sin actividad económica real, que suelen utilizarse para desviar fondos o cometer fraudes.

Fomento de la competencia leal: Promover prácticas de competencia leal y sancionar a las empresas que obtengan ventajas indebidas mediante actos de corrupción.

Creación de un sello de integridad empresarial: Implementar un sello o certificación oficial que reconozca a las empresas con altos estándares de transparencia y cumplimiento anticorrupción.

Regulación de contratos de confidencialidad: Limitar el uso de contratos de confidencialidad que puedan ocultar actos de corrupción o impedir que los denunciantes reporten irregularidades.

Promoción de la participación ciudadana: Fomentar la participación de la sociedad civil en la supervisión de las prácticas empresariales, mediante mecanismos de consulta y rendición de cuentas.

Prohibición de manipulación de licitaciones: Penalizar a las empresas que manipulen procesos de licitación pública, ya sea mediante acuerdos secretos, sobornos o falsificación de documentos.

Regulación de contratos de consultoría: Exigir que los contratos de consultoría sean justificados, transparentes y sujetos a auditorías, para evitar que se utilicen como mecanismos de corrupción.

Promoción de la responsabilidad social corporativa (RSC): Vincular las políticas de responsabilidad social corporativa con la lucha contra la corrupción, fomentando prácticas éticas y sostenibles.

Prohibición de uso de información privilegiada: Penalizar el uso de información privilegiada para obtener beneficios económicos o ventajas competitivas de manera ilegal.

Regulación de contratos con gobiernos extranjeros: Establecer requisitos adicionales de transparencia y cumplimiento para contratos con gobiernos extranjeros, especialmente en países con altos riesgos de corrupción.

Creación de un fondo anticorrupción: Establecer un fondo financiado con multas y sanciones a empresas corruptas, destinado a financiar programas de prevención y educación en anticorrupción.

Prohibición de prácticas de lavado de dinero: Penalizar a las empresas que participen en esquemas de lavado de dinero, incluyendo la ocultación de fondos ilícitos a través de transacciones comerciales.

Promoción de la ética en la cadena de valor: Fomentar la adopción de prácticas éticas en toda la cadena de valor, desde los proveedores hasta los clientes finales.

Establecimiento de un observatorio anticorrupción: Crear un organismo independiente que monitoree y evalúe las prácticas empresariales, emita recomendaciones y promueva buenas prácticas en la lucha contra la corrupción.

Estas propuestas buscan cubrir aspectos más específicos y técnicos, fortaleciendo aún más el marco legal y promoviendo una cultura de integridad en el sector empresarial.

REFLEXIONES DE UN SACERDOTE CATOLICO 

Una ley anticorrupción para empresas debe ser un reflejo de los valores cristianos de justicia, honestidad y amor al prójimo. Debe promover la transparencia en todas las transacciones, proteger a quienes denuncian la maldad y castigar con firmeza a quienes buscan enriquecerse a costa de los demás. Que las empresas actúen como buenos samaritanos, sirviendo a la comunidad con integridad y responsabilidad. Que esta ley sea un instrumento de Dios para sanar las heridas de la corrupción y construir un mundo más justo, donde prevalezca el bien común y la dignidad humana. Amén.