25 de marzo de 2017

¿QUE VA A HACER EL GOBIERNO COLOMBIANO PARA CUBRIR EL DÉFICIT QUE HA DEJADO LOS BAJOS PRECIOS DEL PETROLEO?

Es la Pregunta del millón.

Frente al lío por los precios de la gasolina y el diésel, la pregunta que queda en el aire es cómo se van a cubrir los más de $5 billones de déficit que ha generado la política de combustibles en el país.

Todo indica que al Gobierno se le salió de las manos la política general de los precios de los combustibles. Los más recientes bandazos demuestran no solo que falta coordinación al interior del Ministerio de Minas con el fin de determinar la fórmula adecuada para fijar el precio de la gasolina y el ACPM, sino también coordinación con el Ministerio de Hacienda, para saber cuál es la naturaleza de la carga fiscal que el país va a aceptar como justa por cuenta del consumo de los combustibles.

El resultado hasta el momento es un hueco superior a los $5 billones, que sigue creciendo año tras año, por cuenta del manejo de una de las políticas más importantes para los colombianos: la que fija los precios de la gasolina y el diésel.

Por ahora, todo es confusión y en general el público se quedó con la imagen de que al final del día los ‘paganinis’ van a ser el consumidor y el contribuyente. Para entender el entuerto es necesario ir por partes.

Primero, hasta no hace mucho los precios y los impuestos a la gasolina y al ACPM eran una política que se fijaba con criterios técnicos y que buscaba, además, compensar las “externalidades negativas” del uso de combustibles fósiles; es decir, que por la contaminación generada por los gases que despiden los vehículos y que dañan el medio ambiente, los usuarios de los carros debían pagar. Esos eran los ejes de una política sensata de combustibles.

Sin embargo, en el caso de Colombia, el tema tiene otros visos. Por ejemplo, fijar el precio de la gasolina se ha vuelto un tema que se mueve estrictamente al vaivén del clima político. La razón: modificar la cotización de la gasolina o el diésel se volvió en uno de los principales termómetros del estado de opinión sobre el Gobierno. Por eso, desde la administración Uribe se buscó un mecanismo que impidiera que el precio de la gasolina tuviera excesivas volatilidades.

Con ese fin se creó el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), que tuvo una buena intención, pero que no ha podido operar eficazmente, por cuenta de la mala implementación jurídica que ha tenido. El Fepc debería ahorrar recursos cuando los precios del petróleo estuvieran bajos y desahorrar cuando el crudo alcanzara precios elevados. Así, el mecanismo estaría en capacidad de garantizar precios estables durante periodos importantes.

Sin embargo, los errores en la implementación jurídica llevaron a la Corte Constitucional a dejar sin piso la operatividad del Fondo. El Congreso y el Gobierno hicieron un nuevo intento por revivirlo en la más reciente reforma tributaria y establecieron la forma en que el Fondo ahorra o desahorra recursos. Así pues, apenas este año podría empezar a operar en forma el Fepc.

Por eso, causa sorpresa que el Gobierno anuncie que va a compensar los posibles aumentos en los precios de los combustibles con el Fepc, pues por cuenta del limbo jurídico sobre la figura, hasta finales del año pasado el Fondo había acumulado un déficit de cerca de $5,2 billones. Eso significa que durante varios años los colombianos han pagado menos de lo que deberían por la gasolina; es decir –aunque suene difícil de creer–, en Colombia los combustibles han estado subsidiados la mayor parte de los últimos años. Así que, por este lado, el Gobierno hoy tiene es un lío fiscal.

Los impuestos
Lo que podría haber sido una solución, cambiar la carga tributaria, terminó enredando más la pita. Antes existía sólo el Impuesto Nacional que se distribuía a la Tesorería de la Nación y la sobretasa que iba a las regiones. La reforma tributaria cambió la carga y dejó un Impuesto Nacional, un impuesto al carbono, el IVA sobre el precio del productor y el IVA sobre el margen del mayorista. Esto implicaba que la aplicación de la fórmula del precio debería reflejar los nuevos impuestos, lo que habría significado un incremento de 15% en la carga impositiva del diésel y de 10% en la de la gasolina. Si se hubiera aplicado esta fórmula, el precio en enero debería haber aumentado mínimo $300. Es fácil deducir que al Gobierno ese escenario no le gustaba.

Aquí aparece el Ministerio de Minas, que anunció un ajuste a las condiciones de cálculo del precio al productor y con eso le tumbó el valor a la sobretasa que iba para las regiones y fue lo que precipitó todo el debate. Así, el incremento se moderó en enero.

Visto en perspectiva, el Gobierno lograba un menor impacto en los incrementos de los combustibles, pues si le hubiera tocado aplicar todo el incremento de un solo golpe, el aumento sería impresentable, justo antes de un paro camionero.

Sin embargo, no se contaba con la reacción de los alcaldes y gobernadores, que presionaron tanto al Ejecutivo, que tuvo que recular y tumbar la decisión.

Sin embargo, la administración Santos quedaba en tremendo lío, pues si cumplía la promesa a las regiones de devolverles el recaudo por sobretasa, debía aumentar en marzo los precios en cerca de $325. Por eso buscó una fórmula intermedia. Al anunciar un aumento en el precio de referencia para la gasolina de $141 por galón, dividió en dos el lío: una parte la pagarán los usuarios por la vía de mayor precio y la otra parte, como lo advirtió el Ministro de Minas, Germán Arce, irá contra el Fepc, que, vaya sorpresa, no tiene recursos.

Hasta el momento, el Fondo se había financiado con emisiones de TES. Ahora toca ver de qué forma se va a cubrir semejante hueco.

La salida que aplicó el Gobierno implica dos cosas. Primero, que, por un lado, logró aumentar los recaudos para la Tesorería General gracias a los impuestos al carbono y al IVA que se aplica, tanto al precio al productor como al margen mayorista. De otra parte, también les garantizó un recaudo de $500.000 millones para las regiones; es decir, municipios y departamentos. Eso para algunos pone en evidencia que el Gobierno puede hacer en cualquier momento una reforma tributaria velada, pues por la vía de una resolución se interviene la carga tributaria asociada a la gasolina y al diésel, cuando sea necesario.


Hasta el momento, el resultado de la política de los combustibles de los últimos cuatro gobiernos es un déficit billonario que nadie sabe cómo se va a pagar; cabe recordar que según los cálculos del propio Plan Financiero de 2017, el déficit del Fepc aumentará en cerca de $651.000 millones este año. Por cuenta de los bandazos de comienzo de año es posible esperar un mayor balance en rojo, y por eso no se puede descartar que cerremos 2017 con un déficit en el Fepc superior a los $6 billones.

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