En
la región de la Amazonía, actividades humanas como la producción agrícola, el
desarrollo de infraestructura y la explotación forestal producen niveles
alarmantes de deforestación.
Después de conseguir algunos logros importantes, como la
triplicación de las áreas protegidas en Colombia, en la actualidad observamos
un notorio retroceso o mejoras
insuficientes en toda la cuenca del Amazonas.
Si bien se cuenta con políticas que parecen positivas en
el papel, por lo regular
fracasan debido a que las instituciones encargadas de ellas son débiles y la
ley se aplica de manera inadecuada.
Además, existen fuerzas económicas poderosas, tanto legales como ilegales,
que impulsan las actividades responsables de la destrucción de la selva.
La
selva tropical amazónica desempeña un papel vital en la eliminación del
carbono, como mediador del ciclo del agua a nivel global y es una cuna de la
biodiversidad. Una pérdida masiva de la selva tropical amazónica podría resultar catastrófica,
no solo para los treinta millones de habitantes de la cuenca, sino para todo el mundo.
Pese
a que la mitad de la superficie de selva tropical del mundo se encuentra en la
Amazonía, la
deforestación produce el ocho por ciento de las emisiones globales netas,
más que toda la Unión Europea. Varios científicos han advertido que podríamos
aproximamos a un “punto de quiebre”: un nivel de deforestación tal que la
cuenca del Amazonas ya no
podrá generar la lluvia que necesita al reciclar humedad, por lo que no
será capaz de sostener los ecosistemas de la selva tropical. Según un estudio
realizado en 2018 por el
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), es posible que la mitad de la vida silvestre de las
selvas tropicales más ricas del mundo, como la Amazonía, se encuentre en riesgo
de extinción en el próximo siglo.
Los países de la Amazonía van rezagados con respecto a sus
objetivos de reducción de la deforestación. Algunas políticas de conservación
efectivas han demostrado que pueden dar resultados; el problema es vigilar el
cumplimiento de la ley. Es urgente revertir las tendencias actuales y garantizar que el desarrollo
económico no choque con la conservación, de manera que evitemos llegar
al punto de quiebre.
La
combinación de fuerzas que impulsan la deforestación varía de un país a otro,
y por lo regular no es posible atribuirla a una sola causa, sino a una cadena de
eventos. El sector
agrícola, una de las principales causas de la deforestación en la región, es
una fuente importante de empleo, inversión e ingresos para el gobierno.
Por desgracia, existen
prácticas no sostenibles que a menudo evitan que la tierra se utilice de
manera eficiente. En Ecuador, por ejemplo, el sector agrícola aprovecha el 30
por ciento de la tierra, pero
genera solo el seis por ciento del PIB.
Los caminos y otros proyectos de infraestructura
favorecen de manera indirecta la pérdida de la selva amazónica. Los proyectos de carreteras, que
por lo regular no consideran protecciones ambientales adecuadas ni planeación
de la tenencia de la tierra, crean acceso a áreas que antes eran remotas, con
lo que posibilitan la expansión de actividades lícitas e ilícitas que causan
deforestación. China planea financiar y construir en la Amazonía
infraestructura de transporte y grandes proyectos energéticos, presas
hidroeléctricas entre ellos, como parte de su ambiciosa Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la
Seda. Por desgracia, sus empresas y bancos públicos por lo regular
aplican estándares
ambientales menos estrictos que los acreditantes multilaterales, por lo
que la posibilidad de una mayor expansión hacia áreas prístinas de selva causa
inquietud.
Algunos
grupos criminales poderosos y gobiernos débiles en áreas remotas también han
permitido actividades ilícitas que destruyen el medioambiente, como la
explotación forestal, minas
de oro e incautación de tierra para actividades especulativas. Por toda
la región, la respuesta en materia de políticas públicas ha sido terriblemente
inadecuada. Los gobiernos han recortado sus presupuestos de supervisión
ambiental en vez de autorizar los aumentos necesarios. Las medidas de seguridad
destinadas a combatir las
actividades delictivas que ocasionan deforestación no se ocupan de los
incentivos económicos subyacentes.
El tratado de paz de Colombia suscrito en 2016 abrió
grandes franjas de selva que antes
controlaban las guerrillas de las Farc, las cuales habían impuesto
límites estrictos a la explotación forestal. Desde entonces, otros grupos delictivos se han
instalado en el área, lo que ha ocasionado un aumento significativo en el
acaparamiento de tierra pública, el cultivo de coca y la expansión agrícola no regulada.
La pérdida de selva amazónica en Colombia se triplicó desde 2015 y alcanzó un
récord histórico.
A pesar de que el expresidente Juan Manuel Santos amplió
las áreas protegidas durante su mandato, la aplicación de la ley no ha sido
firme y solo se cuenta con
un guardia forestal por cada 50 000 hectáreas, el equivalente al 0,2 por
ciento de la norma internacional. Para intentar contener el aumento de la
deforestación, el gobierno actual, con Iván Duque en la presidencia, asignó más fuerzas de seguridad,
pero las autoridades ambientales todavía batallan con presupuestos inadecuados,
además de personal y equipo limitados.
En
Perú, el gobierno ha relajado la aplicación de las leyes ambientales
desde hace algunos años, y las políticas diseñadas para combatir la minería
ilegal de oro han sido, en
general, ineficaces. Con todo y que desde hace varios años se realizan
operaciones policiacas y militares, existe legislación más estricta para
combatir la minería ilícita y
se han tomado medidas para formalizar la industria, la deforestación
ocasionada por actividades ilícitas de minería de oro alcanzó una cifra récord
superior a las 9300 hectáreas en 2018, por lo que en febrero el gobierno del Perú se vio
obligado a declarar estado de emergencia en la región Madre de Dios.
Algunos casos exitosos demuestran que sería posible establecer
políticas para revertir la tendencia, a un costo relativamente bajo en
comparación con otras estrategias para mitigar el cambio climático. Ofrecer incentivos a los
productores en pequeña y gran escala podría promover prácticas agrícolas
sostenibles. La producción de soja y ganado aumentó en Brasil entre 2004
y 2012, y en ese mismo periodo el gobierno logró reducir la deforestación un 80 por ciento.
Esto parece indicar que es
posible promover las operaciones agrícolas sin destruir la tierra; basta
que los agricultores aprovechen la tierra subexplotada y mejoren su eficiencia.
Un convenio suscrito en 2006, conforme al cual los compradores de soja se
comprometieron a abstenerse
de comprar producto a los proveedores que deforestaran la tierra para
lograr su producción, desempeñó un papel muy importante para reducir la
deforestación de la Amazonía en Brasil.
Después de los escándalos de corrupción en América
Latina, los gobiernos
quieren mejorar la transparencia de los programas de infraestructura.
Esta situación es una buena oportunidad para incluir una mejor planeación ambiental en el proceso
de diseño de la infraestructura. Una opción es ampliar las áreas
protegidas, además de mejorar el monitoreo y el cumplimiento de la ley,
acciones que, según demuestran varios estudios, contribuyen a reducir los incendios forestales hasta en
un seis por ciento. En América Latina se estima que las reservas indígenas ayudan a
que se reduzcan los incendios forestales, un símil de la deforestación,
en un 16 por ciento.
También
pueden emplearse incentivos económicos para alentar la reforestación. En
Colombia, por ejemplo, la reforestación puede servir para compensar emisiones
de carbono y así evitar el impuesto nacional al carbono. En Ecuador, un
programa que ofrecía incentivos
económicos a los propietarios de la tierra que conservaran la selva nativa
ayudó al país a recortar la tasa de deforestación casi un 50 por ciento entre
2009 y 2014, en comparación con el periodo de 1990 a 2000.
No
faltan propuestas de políticas para proteger la Amazonía. No obstante,
los gobiernos deben tener voluntad política para aplicarlas, aunque existan
otras prioridades que parezcan contraponerse. Identificar oportunidades de crecimiento económico que
sean compatibles con la conservación permitirá lograr los mejores resultados
para la cuenca del Amazonas y para todo el mundo.
