CARÁTULA REVISTA DINERO | 8/18/2016 12:00:00 AM
NOTA: AL DIA SIGUIENTE FUE RETIRADO DE ESA DIRECCION
Telecom sigue existiendo 13 años después de su
liquidación
Hace
13 años se ordenó la liquidación de Telecom, y todavía hay dudas en torno a
inventarios y avalúos que no se hicieron antes de liquidarla.
El martes 10 de junio de 2003 comenzó el fin de los 56
años de existencia de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom. Ese día, soldados del Ejército
desalojaron a los empleados de las instalaciones principales de la empresa y de
13 sedes regionales denominadas teleasociadas.
Nadie
comprendía qué estaba pasando hasta cuando, dos días después, el jueves 12 de
junio, el gobierno nacional, en cabeza del presidente Álvaro Uribe Vélez y la
ministra de Comunicaciones, Martha Pinto de De Hart, firmaron el Decreto 1616
que creó la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Colombia
Telecomunicaciones S. A. E.S.P.
La
nueva empresa comenzó a funcionar con los equipos, infraestructura y muchos de
los empleados y directivos de Telecom, amparada en un contrato de explotación
que le permitía usufructuar los activos construidos por la Nación desde 1947.
¿Qué pasó para que la empresa llegara a este punto de no retorno y hoy, 13 años
después, siga viva y dura de liquidar?
Durante la década de los 80 la empresa había logrado
aumentar a 53% la automatización de los servicios, pero los ingresos de los
trabajadores –y sobre todo la carga prestacional– crecían en forma exagerada.
Para los 90 ya Telecom tenía unos 15.289 funcionarios. Los críticos argumentaban que
con la tercera parte de la planta de personal sería suficiente operar,
pero reconocían que frente a los estándares internacionales la empresa era
eficiente.
Los trabajadores, por su parte, sentían que trabajaban para una empresa
líder en América Latina y argumentaban que no querían que Telecom
“sirviera de comodín” para resolver líos de plata del Gobierno y rechazaban la
posible venta, promovida por el gobierno de César Gaviria Trujillo como parte
de la apertura económica y la modernización del Estado.
Telecom prestaba a comienzos de los 90 el servicio de
larga distancia nacional e internacional, mientras el mercado regional era
atendido por operadores importantes como ETB en Bogotá o EPM en Medellín, y
comenzó a hablarse de la necesidad de acabar con el monopolio de Telecom.
En
rechazo a la apertura, en 1992 los trabajadores se van a la huelga y ‘apagan’
las comunicaciones durante siete días y generan un caos monumental en el país.
El conflicto laboral se prolongó porque varios dirigentes sindicales fueron asesinados.
En 1994, el Gobierno les permite a empresas públicas
regionales como ETB y EPM –hermanas de Telecom– competir en el mercado de larga
distancia nacional e internacional. Además, crean los contratos de asociación a
riesgo compartido mediante los cuales firmas multinacionales como Alcaltel, por
ejemplo, se comprometían a
instalar nuevas líneas a cambio de recibir 90% de los ingresos derivados de
ellas y Telecom 10%.
En ese momento el mercado de la larga distancia estaba
estimado en unos US$1.200 millones, y era cuatro veces más grande que el negocio de la telefonía celular y
siete veces más grande que el de la televisión privada.
La apertura era inevitable. En 1994, a Telecom le prohibieron ingresar al mercado de
telefonía celular y, en consecuencia, la empresa se fue marchitando
durante la década de vigencia de los contratos a riesgo compartido y sus
resultados fueron negativos. Los
operadores privados de telefonía celular instalaron sus equipos junto a las
repetidoras, que eran parte del patrimonio de Telecom.
En 2002 el negocio era insostenible. La empresa tuvo que girar ese año $350.000 millones
para unos 16.000 pensionados y el pasivo pensional llegaba a $5,5 billones,
pero solo había reservas para una quinta parte de esta deuda. Esto acelera la
decisión de intervenirla para su liquidación, proceso que se lleva a cabo a
mediados de 2003, cuando se crea Colombia Telecomunicaciones.
En
2004, cuando ya habían concluido los contratos de riesgo compartido, la empresa
registraba utilidades, pero en 2005 el gobierno encuentra que no es rentable y
que requiere un socio estratégico. Alfonso Gómez Palacio, quien antes
había sido presidente de Telecom –hoy es presidente de Telefónica Colombia– aseguró que la compañía tenía
pérdidas cercanas a $470.000 millones y un pasivo pensional de $5,6 billones.
En
ese momento el multimillonario mexicano Carlos Slim, dueño de la telefónica
mexicana Telmex, llegó al país a firmar un memorando de entendimiento porque
estaba interesado en ser socio de Colombia Telecomunicaciones, como se
llamaba la nueva Telecom después de la liquidación. En ese propósito se
atravesó el contralor general de la época, Antonio Hernández Gamarra, quien
cuestionó ese proceso y
advirtió que se produciría un detrimento patrimonial de US$163 millones,
porque cuando se hizo la liquidación no hubo inventario ni avalúo de los bienes
de la empresa.
La tormenta pasó, pero en abril de 2006 se realizó una subasta y Telefónica
de España se quedó con Telecom y nombró como presidente a Gómez, quien había participado
en las últimas etapas de la telefónica estatal.
Desde
entonces se desató una batalla jurídica entre Telecom en liquidación,
trabajadores y pensionados, que aún no termina, después de 13 años. A través de leyes y resoluciones
se han tratado de dirimir las controversias derivadas también de la pretensión
de los trabajadores de obtener la nulidad de los decretos de liquidación, pues
consideran que se hizo en forma irregular, porque escindieron la masa
liquidatoria en dos: bienes afectos al servicio y bienes no afectos al
servicio.
Álvaro Molina, presidente de la Unión Sindical de
Trabajadores de las Comunicaciones, asegura además que el actual contrato entre
Telecom y Telefónica fue modificado en 2012 y extendido hasta 2028, pero nadie sabe con qué se
quedará ni qué entregará Telefónica para esa época, pues se continúa sin
inventario ni avalúo de los bienes.
Mientras los extrabajadores insisten en reabrir el tema
para que se le diga al país qué pasó y cuánto perdió con esta dura liquidación,
lo cierto es que el Estado logró desactivar una verdadera ‘bomba de tiempo’ en
que se habían convertido los costos laborales y el abultado pasivo pensional de Telecom, una compañía
que, a estas alturas, se resiste a morir.
CARÁTULA REVISTA DINERO | 8/18/2016 12:00:00
AM
Este articulo fue cambiado por otro el 21/08/2016
el nuevo articulo es el siguiente
Este artículo fue cambiado por la revista Dinero el
21/08/2016
CARÁTULA | 8/18/2016 12:00:00 AM
¿Cómo
se transformó Telecom en los últimos 13 años?
La baja productividad laboral y el impacto en los
contratos de riesgo compartido impulsaron la liquidación de Telecom, en medio
de un mercado cambiante, con la llegada de los celulares y la competencia en la
larga distancia.
En 2002, la entonces Telecom tenía las horas contadas: la corrupción, la ineficiencia
en su operación, las profundas transformaciones del sector y la presión
sindical habían puesto contra las cuerdas las finanzas de la que en ese momento
era una de las empresas públicas más importantes del país.
Durante la década de los 80 la empresa había logrado
aumentar a 53% la automatización de los servicios, pero los ingresos de los
trabajadores –y sobre todo la carga prestacional– crecían en forma exagerada y
el gobierno, ya en ese momento, temía que esta empresa estuviera siguiendo los pasos hacia la quiebra,
como había ocurrido en Colpuertos y Ferrocarriles Nacionales.
En la última
década del siglo pasado, se había empezado a ‘construir’ el principio del fin
de la empresa. En 1992, cuando se discutía una ley para privatizar la empresa,
un paro de los trabajadores de Telecom incomunicó al país nacional e internacionalmente por cinco días.
Un año después, con el fin de darle mayores opciones de inversión a Telecom, se
permitió la creación de contratos de riesgo compartido –joint ventures–para el
desarrollo de la telefonía local y ante la entrada de la telefonía móvil al
país.
Estos dos hechos, sumados a las dificultades financieras, marcaron
una senda en la decisión de liquidar la compañía en 2003. Por una parte, para
muchos el poder de los trabajadores era muy alto y no facilitó los procesos de
eficiencia al interior; y por otro, el fracaso de los joint ventures aceleró
las dificultades a las finanzas de la empresa y se convirtieron en una nueva carga.
En
la parte laboral, para los 90 ya Telecom tenía unos 15.289 funcionarios.
Algunos argumentaban que con la tercera parte de la planta de personal sería
suficiente operar, pero reconocían que frente a los estándares internacionales
la empresa era eficiente. No obstante, no existen indicadores internacionales que puedan
asegurar que la planta de personal de la época era eficiente.
Los datos oficiales –previos a la liquidación de Telecom–
señalaban que el costo promedio de un empleado de la empresa era de $67,2
millones (de 2002), es decir 1,6 veces más alto que la cifra observada en la
ETB y más del doble del promedio registrado en operadores como Capitel. Además, al analizar la nómina de
ese momento se puede determinar que casi había tanto personal administrativo
(47%) como operativo (52%), lo que generaba una gran ineficiencia en la
operación.
Los contratos de riesgo compartido surgen en la Ley 37 de
1993, que reguló la telefonía celular, permitiendo que operadores como Telecom
constituyeran “con otras personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras, sociedades o asociaciones destinadas a cumplir las actividades
comprendidas dentro de sus objetivos”, así nacen estos contratos de riesgo
compartido.
Estas
alianzas fueron, después del pasivo pensional, el mayor motivo de riesgo
financiero para la empresa, pues nacieron para que Telecom ofreciera telefonía
fija en lugares donde todavía no estaba presente, compitiendo con otras
empresas estatales; las proyecciones de mercado no se cumplieron. Al final fue
necesario liquidar estos seis convenios en un proceso de negociación que
significó el desembolso para la empresa de US$260 millones, de los US$1.900
millones que pretendían las multinacionales aliadas.
Además, en los 90 se dio la llegada de la telefonía móvil
al país. Debido al alto
nivel de politización de Telecom, el gobierno definió en la Ley 37 de 1993, que
el servicio de telefonía móvil lo podrán prestar operadores en los que
“participen directa o indirectamente operadores de la telefonía fija o
convencional en Colombia”. Es decir, las empresas estatales como Telecom no
podían ser socios mayoritarios en los consorcios.
Telecom participó del proceso como parte de un consorcio
con Bell Canadá y ETB que se quedó con la concesión que en la actualidad opera
Claro. Con el paso de los años, y debido al alto nivel de inversión que
requería este negocio, la participación de los operadores públicos en este
consorcio se diluyó.
Pero también se dieron cambios profundos, como la llegada
de la competencia a su monopolio natural: la larga distancia. El proceso de
apertura de este servicio surgió porque la Empresa de Telecomunicaciones de
Bogotá (ETB), mediante una acción de tutela interpuesta en 1997, logra que esto
suceda en 1998. En ese momento, la ETB y Orbitel (EPM, Grupo Santo Domingo y
Sarmiento Angulo) se convierten en los primeros competidores de Telecom en este
servicio que, posteriormente y con el desarrollo de las tecnologías, empezó a
marchitarse.
En 2002 el negocio era insostenible. La empresa tuvo que
girar ese año $350.000 millones para unos 16.000 pensionados y el pasivo
pensional llegaba a $5,5 billones, pero solo había reservas para una quinta
parte de esta deuda. Esto acelera la decisión de intervenirla para su
liquidación, proceso que se lleva a cabo a mediados de 2003, cuando se crea
Colombia Telecomunicaciones.
El martes 10 de junio de 2003
comenzó el fin de los 56 años de existencia de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones,
Telecom. Ese día, soldados del Ejército desalojaron a los empleados de las
instalaciones principales de la empresa y de 13 sedes regionales denominadas
teleasociadas.
Nadie comprendía
qué estaba pasando hasta cuando, dos días después, el jueves 12 de junio, el
gobierno nacional, en cabeza del presidente Álvaro Uribe Vélez y la ministra de
Comunicaciones, Martha Pinto de Hart, firmaron el Decreto 1616 que creo la
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Colombia Telecomunicaciones S. A.
E.S.P.
La nueva empresa
comenzó a funcionar con los equipos, infraestructura y muchos de los empleados
y directivos de Telecom, amparada en un contrato de explotación que le permitía
usufructuar los activos construidos por la Nación desde 1947.
Según algunos cálculos oficiales, la decisión de liquidar
Telecom en su momento –año 2003– representó ahorros por cerca del 7% del PIB de
ese año. Con la liquidación, se crea Colombia Telecomunicaciones que administra
algunos de los activos de la antigua empresa.
En 2004, cuando ya habían
concluido los contratos de riesgo compartido, y aunque la empresa registraba
utilidades, las necesidades de capital hacia el futuro en el desarrollo del
negocio, hacen que el gobierno empiece un proceso de búsqueda de socio estratégico.
Además, ya para 2005 las cifras no ayudaban, pues la compañía tenía pérdidas
cercanas a $470.000 millones y un pasivo pensional de $5,6 billones.
En ese momento el
multimillonario mexicano Carlos Slim, dueño de la telefónica mexicana Telmex, llegó
al país a firmar un memorando de entendimiento porque estaba interesado en ser
socio de Colombia Telecomunicaciones, como se llamaba la nueva Telecom después
de la liquidación. En ese propósito se atravesó el contralor general de la
época, Antonio Hernández Gamarra, quien cuestionó ese proceso y advirtió que se
produciría un detrimento patrimonial de US$163 millones, porque cuando se hizo
la liquidación no hubo inventario ni avalúo de los bienes de la empresa.
La tormenta pasó, pero en abril
de 2006 se realizó una subasta y Telefónica de España se quedó con la compañía
y nombró como presidente a Alfonso Gómez, quien venía trabajando en ella.
Aunque en 2006
finaliza el proceso liquidatorio de Telecom en liquidación, a partir de ese
momento se desató una batalla jurídica entre Telecom en liquidación,
trabajadores y pensionados de la empresa. A través de leyes y resoluciones se
han tratado de dirimir las controversias derivadas también de la pretensión de
los trabajadores de obtener la nulidad de los decretos de liquidación, pues
consideran que se hizo en forma irregular, porque escindieron la masa
liquidatoria en dos: bienes afectos al servicio y bienes no afectos al
servicio. En 2015, el
Consejo de Estado mantiene posición de validez de la liquidación de Telecom
Patrimonio Autónomo, que continúa respondiendo por los procesos legales.
LÍNEA TIEMPO
1947
Nace la Empresa Nacional de Telecomunicaciones para
prestar servicios telefónicos, radiotelefónicos y radiotelegráficos.
1976
Empiezan a crearse empresas de telecomunicaciones
regionales (Teleasociadas) con la participación de Telecom.
1992
Paro que incomunica al país. En medio de la discusión de
una ley para privatizar la empresa, un paro adelantado por los trabajadores
incomunica al país nacional e internacionalmente por 5 días.
1993
Telefonía Celular y Joint Ventures. La ley 37 permite la
entrada de la telefonía móvil y dio opciones de inversión a Telecom en
telefonía local mediante contratos a riesgo compartido.
1997
Tutela abre la larga distancia, a pesar de la oposición
del gobierno de turno y de Telecom, que amenaza con nuevo paro. La justicia
ampara el derecho de ETB y obliga a la CRT a abrir la larga distancia Nacional
e Internacional.
1998
Autorizan a ETB y a Orbitel a prestar el servicio de
larga distancia nacional.
2002
Crisis extrema: la situación financiera, laboral,
estratégica y jurídica tiene al borde del colapso a Telecom
2003
Expiden el decreto que ordena la liquidación de Telecom y
se crea Colombia Telecomunicaciones. El gobierno nacional liquida la empresa y
crea un nuevo gestor que logra dar vuelta a la situación: bajan costes
laborales, pagan acreencias y se diseña un modelo que permite con las
utilidades de la empresa hacer frente al pago de las mesadas de 17.000 familias
2005
Modifican decreto de liquidación para no exigir el
inventario de bienes para prestar el servicio de telecomunicaciones (antenas e
infraestructura, entre otros) antes de cerrar la liquidación. Por
cuestionamientos de la Contraloría se daña posible negocio entre la nueva
Telecom y Telmex. Expiden decreto 4781 de 2005 para extender la liquidación
hasta el 31 de enero de
2006
Liquidan a la Empresa de Nacional de Telecomunicaciones,
Telecom. Colombia Telecomunicaciones se asoció con Telefónica. Corte
Constitucional ordenó reintegros laborales.
2009
La Corte revoca avalancha de tutelas de ex trabajadores
en Córdoba.
2012
Colombia Telecomunicaciones y Telefónica se fusionan. La
primera queda con 30%.
Sindicato demanda el acta que dio por terminada la
liquidación por presuntas irregularidades.
2014
La Corte Constitucional ordena a la empresa diseñar un
plan de reubicación laboral para padres y madres cabeza de hogar.
2015
Por sexta ocasión, el gobierno nacional expide decreto
que extiende la vida del patrimonio que aún queda de la antigua Telecom y 13
teleasociadas. El Consejo de Estado mantiene posición de validez de la
liquidación Telecom. Patrimonio Autónomo continúa respondiendo por los procesos
legales
2016
Enero. Trabajadores apelan la decisión del Consejo de
Estado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Escriba sus comentarios aqui: