La
última semana de octubre un segmento de la avenida Pennsylvania, en Washington,
fue cubierto con botas de construcción, utensilios de cocina y macetas con
plantas. La acción buscaba representar el aporte que hacen a la fuerza laboral
estadounidense 320.000 inmigrantes indocumentados y que en las próximas semanas
podían quedar en riesgo de ser deportados.
La previsión empezó a cumplirse. El 6 de noviembre el
gobierno de Trump anunció
los primeros ajustes para rescindir el programa de Estatus de Protección
Temporal (TPS, por su sigla en inglés) a los ciudadanos de Nicaragua y Honduras.
Para Nicaragua, el
programa ha quedado cancelado y sus 2550 beneficiarios contarán con una
residencia provisional hasta el 5 de enero de 2019. En el caso de Honduras, el
futuro de 57.000 beneficiarios será decidido en enero. La cancelación
para ambos países se basa en el argumento de que las condiciones que llevaron a
su implementación en 1998 tras el paso del huracán Mitch por América Central
han sido superadas.
Como su nombre lo indica, el TPS protege de la deportación a sus beneficiarios,
inmigrantes indocumentados en Estados Unidos cuyos países de origen atraviesan
o se recuperan de un desastre natural, un conflicto armado o alguna otra
circunstancia extraordinaria. El programa les otorga un permiso de
trabajo por tiempo definido, pero no una residencia permanente o la ciudadanía;
esto es: no regulariza de manera definitiva su situación migratoria.
El
TPS forma parte de la Immigration Act de 1990, el ajuste a la ley de
inmigración estadounidense tras la amnistía de 1986. Se estipuló que
tendría una vigencia de dieciocho meses, con opción a una o más renovaciones.
Pero el problema con el factor temporal es que han pasado más de veinticinco
años de renovación en renovación sin que ocurra nada más: ni el gobierno estadounidense ha
creado una medida que le permita a estas personas convertir su estatus de
protección en la seguridad de una residencia permanente, ni los países
expulsores han creado las condiciones para el retorno seguro de sus ciudadanos
a sus lugares de origen, muchos de ellos marcados por la inseguridad, la
corrupción, la impunidad, la falta de servicios básicos y el desempleo
—que suele compensarse con las remesas que llegan desde Estados Unidos—.
El
gobierno de Trump ha repetido que el TPS no se creó para ser permanente y eso
es correcto. Sin embargo, la vida de las personas que gracias a esa
medida han vivido décadas en Estados Unidos, no puede seguirse rigiendo por
periodos de dieciocho meses. Con
la decisión del ejecutivo, le toca al congreso estadounidense ofrecer una
solución permanente para las 320.000 personas que hoy no solo necesitan
protección, sino también una ley de inmigración justa para ellos y sus familias.
Aunque
Nicaragua y Honduras han sido los primeros países en la mira de la autoridad de
inmigración, las organizaciones proinmigrantes en Estados Unidos —especialmente
las de El Salvador y Haití— se han movilizado para pedir una solución
definitiva y no solo otra extensión del programa. Sus argumentos son: el tiempo que estas personas han
vivido en Estados Unidos y la situación que podrían enfrentar al regresar a sus
países de origen.
De acuerdo con el Center for American Progress, los
beneficiarios del TPS han permanecido en Estados Unidos un promedio de
diecinueve años; entre 70 y 83 por ciento son empleados, y por tanto son parte integral
de la vida económica del país. Pero, además, su integración se da en
otros sectores: las
familias de los beneficiarios del TPS incluyen a cerca de 275.000 niños nacidos
en Estados Unidos, el país en el que sus padres han construido su vida.
Tras la cancelación del TPS la elección para ellos es la
misma que para el resto de los inmigrantes indocumentados: quedarse en Estados
Unidos —que muchos ya consideran su país— sin documentos o volver al país de origen. Pero esto, en
el caso de los beneficiarios de TPS, no solo significa empezar de cero en un
lugar que a veces ya no recuerdan, sino volver a sitios en los que su vida ha
estado en riesgo y que en ocasiones se encuentra en peores condiciones.
Un ejemplo es Honduras. Un estudio del Center for Latin
American and Latino Studies establece que “Honduras permanece extremadamente vulnerable a los
desastres naturales, lo que ha comprometido la infraestructura del país y
complicado los esfuerzos de recuperación”, pero además, afirma que el
país continúa bajo serios retos justamente porque la situación de fondo sigue
causando desplazamiento.
El
Salvador —el país con el mayor número de beneficiarios, 195.000— es ejemplo del
peso de la coyuntura política en los criterios de protección de Estados Unidos.
El TPS para los salvadoreños se implementó en 1990, pero dejó de otorgarse en
1995 tras la firma de los Acuerdos de Paz. La única opción para quienes querían salir de ese país
debido a las condiciones de violencia que subsistieron a pesar de la paz, era
solicitar asilo político; pero entre 1999 y 2003, la tasa de aprobación para
solicitantes salvadoreños fue menor al 10 por ciento. Era lógico: tanto
la preservación de un TPS como el otorgamiento de asilo por parte de Estados
Unidos habrían significado una descalificación para la naciente democracia
salvadoreña.
Finalmente, tras los terremotos de 2001 se emitió un
nuevo TPS para El Salvador. Pero
la experiencia de los años previos dejó su lección: el poseedor de la
protección temporal no tiene nada seguro. En Estados Unidos, las leyes de
inmigración han seguido el patrón del palo y la zanahoria: mientras
castiga la ilegalidad para la mayoría, genera breves espacios de legalización
para algunos que se van modificando dependiendo de la conveniencia política
para el gobierno de turno. En tiempos recientes, DACA —la protección temporal para jóvenes
indocumentados— y el TPS son el mejor ejemplo de esto.
Tras las medidas anunciadas por Trump, la pelota está en
la cancha del congreso. Algunos
de sus miembros han empezado a trabajar en iniciativas concretas: una de ellas
para extender el programa por seis años, y un par más para dar opción a
la ciudadanía a ciertos beneficiarios de TPS con base en su fecha de arribo o
su país de origen.
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