La
administración de Barack Obama está retrasando los procedimientos de
deportación de inmigrantes recién llegados a varias ciudades en Estados Unidos.
Eso ha permitido que más de 56.000 personas que abandonaron Centroamérica desde
2014 se queden en el país de manera legal durante varios años.
Ese cambio de políticas, descrito en entrevistas con
abogados especializados en migraciones, funcionarios federales y antiguos
jueces, empezó hace meses y sucede sigilosamente. Equivale a una modificación
sin anuncio previo de la postura de la administración de que los casos relacionados
con el incremento de llegadas de migrantes en 2014 serían resueltos de manera
expedita en las cortes
migratorias para evitar que sirvieran de ejemplo para más centroamericanos que
pretenden entrar a Estados Unidos ilegalmente.
Los
casos retrasados son los de casi la mitad de los centroamericanos que entraron
a Estados Unidos como unidades familiares desde 2014, y casi la cuarta parte
del número total de centroamericanos que han entrado en Estados Unidos en el
mismo periodo.
Los retrasos se deben a una decisión de recorte de
costos, según las autoridades federales, debido a un dislate en la aplicación
de la ley que permite que migrantes que debían ser monitoreados se vayan libres sin medidas de
vigilancia.
Algunos de los afectados no se han presentado en las
oficinas ante las que debían hacerlo para recibir sus brazaletes con GPS. Eso
decía un informe del juez jefe de asuntos migratorios, Print Maggard, en
Arlington, Virginia.
Ahora
que el gobierno no tendrá que pagar la tasa diaria de entre 4 y 8 dólares por
persona que cuesta monitorear los brazaletes, los casos de los migrantes
estarán retrasados durante años, algunos hasta 2023, según las autoridades.
Los casos de aquellos que cumplen con su obligación de presentarse ante la
autoridad aún se tramitan por la vía expedita. Algunos se mueven incluso más
rápido de lo que jueces y abogados esperaban, según Paul Schmidt, que se jubiló
en junio después de 30 años trabajando para agencias migratorias federales, los
13 últimos como juez.
No está claro si los inmigrantes no se han presentado a
propósito o si se debe a instrucciones poco claras. Las deportaciones las
manejan dos agencias gubernamentales: el Departamento de Seguridad Nacional, que detiene a
personas que violan su situación migratoria y la oficina ejecutiva para la
revisión de casos migratorios, que depende del Departamento de Justicia,
institución que decide las deportaciones. Es normal, según los expertos,
que los inmigrantes no se den cuenta de que las dos agencias no cumplen con sus
funciones debido a lo confuso de la situación.
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