Casi
inmediatamente después de que el presidente estadounidense Donald Trump asumió
el cargo, su gobierno empezó a sopesar una medida que por años se había
catalogado como la “alternativa nuclear”, para disuadir a los inmigrantes de
ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
Si
detenían a familias por ingresar al país de manera ilícita, los niños serían
separados de sus padres, dijo el jefe de gabinete John Kelly en marzo de
2017, cuando era secretario de Seguridad Nacional, “para impedir que haya más movimiento dentro de
esta red extremadamente peligrosa”.
Durante
más de una década, incluso cuando los niveles promedio de inmigración ilegal a
Estados Unidos se redujeron, los aumentos estacionales de los cruces no
autorizados habían llevado a los presidentes estadounidenses de ambos partidos
políticos a lanzar propuestas cada vez más agresivas para impedir que los
migrantes emprendieran ese viaje.
Sin
embargo, para George W. Bush y Barack Obama la idea de arrancar a niños
sollozantes de los brazos de sus padres era una crueldad —y, políticamente,
demasiado arriesgado— como para aceptar que se convirtiera en práctica
común. A pesar de que las medidas severas contra la inmigración fueron un tema
central en la campaña de Trump, esta misma realidad resultó en que la idea fuera dejada de lado por un
tiempo, sobre todo después de que los comentarios de Kelly provocaron
una respuesta negativa.
No obstante, algunos integrantes de la Casa Blanca nunca
abandonaron la propuesta. Especialmente Stephen Miller, el principal consejero
político de Trump. Y en
mayo, ante un repunte en los cruces fronterizos ilegales, Trump ordenó una
nueva iniciativa para someter a cualquiera que cruce de manera ilícita a un
proceso penal, con excepciones contadas, para los padres que viajan con niños
menores de edad.
Ahora
Trump se enfrenta a las consecuencias. Hay cientos de niños retenidos en refugios improvisados
tras ser separados de sus padres, y los portavoces de la Casa Blanca
tuvieron que responder en los últimos días a acusaciones de que el gobierno se comporta como lo
hacía el régimen nazi. Incluso simpatizantes de Trump han calificado a su política
como “deplorable”.
Entre
los que han objetado la práctica está el presidente mismo. Pese a su
dura retórica sobre la inmigración y su clara directiva de no tener piedad al momento de hacer cumplir la
ley, ha buscado echarle la culpa públicamente a alguien más por la
separación de las familias. Ha declarado en falso que los demócratas son los
responsables de esta medida. Esta podría volverse una marca definitoria de la
política interna de su mandato.
“Fue
una decisión sencilla de la administración tener una política de tolerancia
cero para la entrada ilegal al país. Es todo”.
STEPHEN MILLER, ASESOR DE TRUMP: “Esta no es una política
de tolerancia cero, es una
política de cero humanidad”.
JEFF MERKLEY, SENADOR DEMÓCRATA: Funcionarios actuales y
previos del gobierno de Trump dicen que dentro de la misma Casa Blanca hay
mucha inquietud acerca de la medida; que algunos de los encargados de
implementarla la consideran impracticable y moralmente dudosa. Kirstjen
Nielsen, la actual secretaria de Seguridad Nacional, ha tenido enfrentamientos
en privado con Trump al respecto, a los que el presidente ha respondido con
sermoneos coléricos que por poco la han orillado a renunciar.
Sin
embargo, el asesor Miller no parece compartir el recelo del presidente.
“Ninguna nación puede tener una política en la que clases enteras de personas
sean inmunes a la ley migratoria o a su cumplimiento”, dijo en una
entrevista en su oficina en el ala occidental a principios de junio. “Fue una
decisión sencilla de la administración tener una política de tolerancia cero para la
entrada ilegal al país. Es todo. El mensaje es que nadie está exento de cumplir
con la ley migratoria”.
Quienes crítican al gobierno no aceptan esta explicación.
“Esta no es una política
de tolerancia cero, es una política de cero humanidad, y no podemos
permitir que continúe”, dijo el senador Jeff Merkley, demócrata de Oregon. “Separar bruscamente a los niños
de sus padres para causarles daño a los pequeños y así influir en los padres es
inaceptable”, agregó.
Jeh Johnson, quien fue secretario de Seguridad Nacional
de Obama, argumentó que, más allá de lo moral que es la medida, usarla a modo
de disuasión no es práctico y tampoco es una solución a largo plazo para el
problema.
Las
prácticas previas
Cuando empezaron a aumentar los números de migrantes
centroamericanos que llegaban a la frontera, incluyendo a muchos que no venían
con niños, a principios de 2014, Obama formó un equipo pluriagencial en la Casa Blanca para analizar
cómo debían actuar.
Los funcionarios se reunieron para revisar sus opciones
ante la situación: los
migrantes abusaban cada vez más de las leyes migratorias y de las
sentencias judiciales en vigor, y algunos adultos pensaban que al viajar con
niños sería más fácil ingresar al país a partir de una teoría de que las
familias recibían un trato distinto a las personas que llegaban solas.
“Las
agencias estaban analizando todas las ideas posibles”, recordó Cecilia
Muñoz, la principal consultora política de Obama, incluso separar a los padres
de sus hijos. “Recuerdo
que nos miramos como diciendo: ‘No vamos a hacer eso, ¿o sí?’. Lo
pensamos por cinco minutos y llegamos a la conclusión de que era una mala idea.
La moralidad estaba clara… no somos esa clase de personas”.
No obstante, sí decidieron expandir la detención de las
familias migrantes. Se
abrieron nuevos centros de detención a lo largo de la frontera donde mujeres y
niños eran retenidos durante largos periodos mientras esperaban a ver si
se tramitaban sus casos.
Los grupos defensores de inmigrantes denunciaron la
política, reprendieron a los altos funcionarios del gobierno —algunos de los
cuales ofrecieron disculpas— y le expresaron este descontento a Obama a la cara
durante una reunión en la Casa Blanca a finales de 2014, cuando le dijeron que
les estaba dando la espalda a las personas vulnerables que buscaban refugio en
Estados Unidos.
Bush, que tuvo experiencia de primera mano con la
frontera como gobernador de Texas y se postuló a la presidencia como un
“conservador compasivo”, fue
quien dio inicio al enfoque de tolerancia cero para la inmigración
ilegal en el que se basa la política de Trump.
En 2005, lanzó el operativo Streamline, un programa para
un tramo de la frontera de Texas que indicaba que todos los que ingresaban de manera ilícita serían
procesados como criminales; los encarcelaban y aceleraban sus juicios
para deportarlos con rapidez. La iniciativa rindió frutos y pronto se expandió a más sectores de la
frontera. Sin embargo, en ese entonces se hacían excepciones en general
para los adultos que estuvieran viajando con niños, así como para los menores
de edad y las personas enfermas.
El
gobierno de Obama también utilizó el programa en el auge de la crisis, aunque no
les daba prioridad a los que cruzaban por primera vez; las familias eran
retenidas juntas, en custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.
Era una detención administrativa más que penal.
Cuando Trump llegó a la Casa Blanca, de inmediato empezaron
las conversaciones para ampliar el operativo Streamline, pero sin las
restricciones previas. El Departamento de Seguridad Nacional puso a prueba el
enfoque a partir del verano pasado en ciertas regiones de Texas.
Cambio
de enfoque
Miller arguyó en privado que retomar la postura de tolerancia cero podría ser una
herramienta poderosa en un arsenal de estrategias que llamó limitado con el fin
de impedir que los migrantes crucen la frontera a raudales.
La
idea era detener la práctica a la que los opositores se referían como “capturar
y liberar”, en la que los inmigrantes que eran arrestados en la frontera
podían llevar el proceso en libertad dentro de Estados Unidos en espera de que
se tramitaran sus casos. Miller
argumentó que la política les proporcionaba un incentivo perverso a los
migrantes, pues prácticamente les garantizaba que, si llegaban a la
frontera con Estados Unidos y declaraban un “temor creíble” de regresar a su
país, se les daría la
oportunidad de quedarse bajo las leyes del asilo, al menos temporalmente.
Una
larga lista de solicitudes de asilo pendientes significaba que en muchos
casos pasaban años antes de que los migrantes tuvieran que comparecer ante un
juez para validar la solicitud de asilo, y muchos nunca regresaban a hacerlo.
La
situación era aún más complicada cuando había niños de por medio. Una
ley de 2008 que buscaba combatir el tráfico de menores estableció requisitos
rigurosos acerca de cómo se debe tratar a los niños no acompañados de
Centroamérica.
Los menores de edad de México y Canadá pueden ser
repatriados rápidamente, a menos que se considere peligroso hacerlo. Pero aquellos provenientes de
otras naciones más lejanas no pueden regresar con tanta facilidad. Deben
ser trasladados en menos de 72 horas a la Oficina de Reubicación de Refugiados
del Departamento de Salud y Servicios Humanos para ser ubicados en un ambiente
que sea lo menos restrictivo posible. Y un fallo jurídico establecía que los niños y las
familias no podían quedarse detenidos por más de veinte días.
En octubre, Trump revocó la Acción Diferida para los
Llegados en la Infancia (DACA), el programa del gobierno de Obama que les
otorgaba permisos temporales a jóvenes inmigrantes sin documentos que hubieran
crecido en Estados Unidos. En
respuesta, Miller insistió en que cualquier propuesta legislativa que
pretendiera suplir estas protecciones debía contener medidas para prevenir lo
que él llama vacíos legales que motivaban a los inmigrantes ilegales a
emprender su trayecto.
En abril/2018, cuando se dispararon las cifras de
detenciones en cruces fronterizos, Miller fue clave para impulsar la decisión que tomó Trump de
intensificar la política de cero tolerancia.
Técnicamente, no hay una política del gobierno de Trump
que declare que quienes cruzan la frontera deben ser separados de sus hijos. Pero la política de tolerancia
cero ha provocado que inmigrantes sin documentos sean puestos en custodia
criminal federal y que sus hijos sean considerados menores foráneos no
acompañados, con lo cual son alejados de sus padres.
A diferencia del gobierno de Obama, el de Trump está
tratando a todas las personas que han cruzado la frontera sin autorización como sujetas a un proceso penal,
incluso cuando le explican al oficial que los arresta que vienen en busca de
asilo por miedo a regresar a su país de origen, indistinto de si vienen o no
acompañados de sus hijos.
“Venir
con niños ya no los hace inmunes al arresto y el proceso legal”, dijo el
fiscal general Jeff Sessions, en un discurso el 21 de junio en Fort Wayne,
Indiana.
“Citaré
al apóstol Pablo en su decreto claro y sabio en la carta a los Romanos,
capítulo XIII”, dijo Sessions. “Las leyes del gobierno deben obedecerse porque
Dios las ha decretado con el propósito del orden”.
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