SE ACABÓ LA PLATA EN COLOMBIA

Cuando se combinan las palabras Colombia y  petróleo, lo primero que viene a la mente es Ecopetrol. Al ser la compañía más grande del país y al ser 89% estatal, esta empresa siempre se ha considerado como uno de los principales músculos financieros del Gobierno. Pero fue un musculo que se fue debilitando por cada dólar que caía el precio del petróleo.

La mayoría de los analistas e inversionistas tenían claro que a Ecopetrol no le iba a ir bien en su último reporte financiero de 2014, ya que el mercado esperaba que la estatal registrara una reducción en sus beneficios de alrededor de 25%. Sin embargo, los pronósticos se quedaron cortos: la petrolera reportó en el acumulado anual una disminución de 41% en su utilidad neta y al analizar los datos del cuarto trimestre se encuentra que la compañía presentó pérdidas por primera vez desde que cotiza en bolsa.

A raíz de la impresionante caída que sufrió el precio del crudo en los últimos seis meses, el país no podrá cobrar un dividendo similar a los más de $9 billones que recibió en 2014. Este año la compañía anunció que distribuirá el 70% de su utilidad neta, por lo que el Gobierno sólo recaudará alrededor de $4,9 billones.

La política fiscal ni la  monetaria nos salvarán

La razón de porqué la crisis de finales del siglo XX fue tan aguda radicó en que los dos instrumentos que se utilizan para suavizar los golpes de las recesiones estaban atados de mano. El gobierno tenía grandes volúmenes de deuda y no pudo emplear el gasto para reactivar la economía, que es lo que indica la teoría del multiplicador del gasto expuesta por Keynes. Y hasta finales de 1999, el Banco de la República se encontraba bajo el esquema cambiario de las “bandas cambiarias” que lo obligó a subir la tasa de interés en vez de bajarlas.

Estamos bajo un problema similar. El primero cosiste en que no hay plata, por lo que no se puede aplicar política fiscal, y los créditos internacionales son cada vez más caros para las economías emergentes dependientes de las materias primas. Además, aun si se cumple la sentencia del ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, quien advirtió que “la idea es seguir pasando reformas tributarias”, esto no siempre es bueno.

JP Morgan advirtió que el cambio del esquema tributario iría en contravía de la generación de ingresos de algunos sectores de la economía colombiana. Una muestra de esto es que el fondo de inversión sacó de su portafolio de recomendaciones a la acción de Bancolombia, pues argumenta que este banco se verá golpeado como consecuencia de la reforma tributaria.

Por otro lado, la política monetaria no está alineada con los problemas locales. Colombia es un país en el que más del 50% de las exportaciones y de la inversión extranjera dependen del bienestar del precio del petróleo. Es por esto que la caída de la cotización del crudo ha venido acompañada de la devaluación del peso colombiano que ha llevado a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) ha escalar más de 800 pesos en cinco meses  y a estar al borde de llegar a los $2.600. Lo cual trae un efecto adicional: La inflación.

El escenario actual, de un  Índice de Precios al Consumidor (IPC) doce meses de 4,35% junto con la advertencia del fondo de inversiones JP Morgan de que la economía colombiana experimentará una desaceleración al solo crecer 3,3% en 2015, ha vuelto la tarea del Banco de la República  más compleja.

Por mandato constitucional, la misión principal del Emisor es mantener la inflación en su rango base, que actualmente se encuentra entre 2 y 4%.  Aunque la misma legislación advierte a esta entidad para no puede ser indiferente a las coyunturas económicas que acontecen en el país.

De manera que en caso de que Colombia entre en recesión por causa del desplome de los precios del petróleo, no hay garantía de que se pueda aplicar política monetaria contra cíclica, que hace referencia a que el Banco de la República baje la tasa de interés. La inflación que acompañaría a esta crisis obligaría al emisor a subir la tasa de interés con el fin de cumplir con su mandato constitucional, con lo cual haría más crudos los efectos de la próxima crisis colombiana.

Impacto Social

Solo hace falta mirar el caso colombiano para entender las dimensiones con las que se juega a la hora de hablar de crisis. Según el borrador del proyecto de ley de 2008 que buscaba la reparación de las víctimas de la crisis económica UPAC de finales el siglo XX,  alrededor de 800 mil familias perdieron su hogar por esta causa.

Una cifra que si la multiplicamos por 3,2 que es el promedio de número de integrantes de una familia en el país, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), se encuentra que alrededor 2,5 millones de ciudadanos se quedaron sin donde vivir en ese entonces. Y la historia podría repetirse.

Como un niño chiquito solo aprendemos cuando lo malo pasa. La caída de más de 50% que sufrió el precio del petróleo implicó que Colombia se quedó sin recursos para financiar todos sus proyectos sociales, y justo pasó en el momento en el que según el Gobierno estamos a punto de entrar en un periodo de postconflicto.

Además aunque la crisis del petróleo todavía no estalla en Colombia ya hay efectos sobre el empleo en el sector de hidrocarburos. La re-estructuración y los ajustes  de las petroleras del país no solo se estarían dando en términos monetarios, sino también en humanos. Tanto así que el ministro de Trabajo Luis Eduardo Garzón, se pronunció: “Hagamos todo lo posible por que esto no repercuta en el mundo de los trabajadores, son 110 mil trabajadores de la industria del petróleo, y eso hay que cuidarlo hasta lo máximo posible”.

Hoy más que nunca está vigente el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), titulado “Colombia frente a una destorcida en los precios del petróleo”, cuyo autor fue Hernando José Gómez, exdirector del DNP.

El estudio que fue publicado el 6 de noviembre de 2014, cuando el WTI estaba en US$77, advertía sobre el escenario más pesimista, uno en el cual la cotización de crudo promediara US$60 en 2015. Frente a esta posibilidad el informe concluyó que “una caída en el precio del petróleo de esta magnitud aumentaría la tasa de desempleo en los años posteriores al choque con respecto al escenario base, retornando a tasas de desempleo de dos dígitos, hasta un máximo de 11,2% promedio para el 2016. Esta cifra no se observaba en el país desde 2010”

El informe agregó que “en términos de pobreza, esta aumentaría de 29% que se observa en la actualidad, hasta máximos de 34% en los siguientes dos años y retornaría lentamente a niveles de 31% en el año 2020. Es decir, se perderían seis años en la lucha contra la pobreza”.