Mientras
el gobierno ocupa empresas para “controlar el acaparamiento”, los estantes
siguen vacíos. El remedio, peor que la enfermedad.
En época de desabastecimiento, la ocupación de empresas y
la amenaza de expropiación se
han convertido en la nueva forma de presión a las empresas venezolanas.
Desde comienzos de año el gobierno emprendió una dura
campaña de operativos mediáticos para frenar el acaparamiento y acabar con la
escasez, y ha promovido la
ocupación de docenas de locales comerciales, bodegas y empresas, así como la
detención de empleados y directivos.
Los operativos coinciden con un momento difícil para la
economía venezolana, cuando los ingresos petroleros en el país han caído más de
50% por el desplome en el precio del crudo, el déficit fiscal supera 10,5% y el nivel de
desabastecimiento de productos ya se acerca a 30%, según el propio Banco
Central de Venezuela.
Dirigentes de la oposición insisten en que estas son
nuevas cortinas de humo para
disfrazar el malestar social generado por una economía al borde del colapso.
Pero, en un país en el que se
han expropiado alrededor de 1.400 empresas en los últimos 15 años –unas
200 desde la llegada de Nicolás Maduro al poder–, han sido confiscadas cerca de 8 millones de hectáreas
de tierra productiva y que mantiene litigios pendientes de pagar ante
tribunales internacionales que superan los US$45.000 millones, las amenazas de
ocupación y expropiación no pueden desestimarse.
Este año los casos de matoneo al sector productivo se han
multiplicado. El más sonado, sin duda, se registró el 1º de febrero, cuando el
presidente Maduro ordenó –a través de una cadena televisada– que se llevaran
“bien presos” a los directivos de la Farmatodo por “irregularidades en atención
al público”.
La Super-intendencia de Costos y Precios Justos comprobó
que en algunos de los 160 puntos de Farmatodo en el país existían hasta 10
cajas disponibles pero solo operaban pocas, generando largas filas. Pero
durante enero la Superintendencia realizó 60 inspecciones en Farmatodo sin
encontrar irregularidades, dijeron sus directivos.
En la madrugada del 3 de febrero, el turno fue para
Practimercados Día a Día, cuyos 36 puntos en seis estados venezolanos fueron
ocupados y ese mismo día se anunció la expropiación de la compañía Cárnica
2005. Dos semanas atrás, el gobierno había allanado en Maracaibo las bodegas de
Distribuidora Herrera C.A. y amenazó con expropiar la empresa por presuntamente
acaparar toneladas de alimentos y productos de limpieza e higiene.
Con
estos allanamientos el gobierno estaría buscando la ‘enfermedad en la sábana’
pues según el presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, la escasez de divisas es la que ha reducido los
inventarios, que
hoy apenas alcanzan para 45 días de abastecimiento.
Las amenazas de expropiación se han convertido en pan de
cada día y para los industriales el tema resulta preocupante.
En declaraciones al diario El Universal, Eduardo
Garmendia, presidente del gremio de los industriales, Conindustria, dijo que el
clima de incertidumbre y la
falta de materias primas han llevado a que el uso de capacidad instalada para
la industria esté en estos momentos en apenas 48%.
El gobierno de Nicolás Maduro ha encontrado en estos
allanamientos mediáticos una forma de bajar la presión social generada por las erradas
políticas económicas. Pero con el pasar de los días se está quedando sin
aire.
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