ASÍ FUE COMO NOS QUEDAMOS SIN GAS Y SIN AGUA PARA LA ENERGÍA

El riesgo de un racionamiento de energía es alto, y la culpa no sería solo de la naturaleza.

Llegó el momento de volver a la cruda realidad cotidiana. Ajústense los cinturones, que vamos a aterrizar.

Para este año tenemos por delante un panorama sombrío: el alto riesgo de que se produzca un racionamiento de energía eléctrica en Colombia, y la culpa no sería solo de la naturaleza, como han pretendido decirnos, a causa del fenómeno del Niño, sino especialmente de la imprevisión, el desgreño y los malos manejos.

Cómo es posible que después de haber tenido la terrible experiencia del racionamiento de 1992 (que le costó al país 20 billones de pesos de aquella época), y después de habernos cobrado durante estos años tantos sobrecostos en las facturas mensuales, y después de tantos anuncios y advertencias, estemos otra vez en las mismas, corriendo bases y con el Credo en la boca.

Se debe a que vendimos alegremente nuestras reservas de gas, a que el diésel que necesitamos es el combustible más caro del mundo porque no podemos pagarlo con el dólar a 3.200 pesos, y se debe también al verano aterrador, ya que en este momento nos está cayendo únicamente el 46 por ciento del promedio tradicional de lluvias.

Por eso, y como al perro más flaco se le pegan las pulgas, desde diciembre pasado subieron las tarifas de energía en todo el país. ¿Diciembre? Eso fue lo que ordenó el Gobierno, pero tengo pruebas aquí, en mi mano, para demostrar que en varias regiones del país comenzaron a cobrar esas alzas desde octubre. Uno más en la larga fila de los abusos.

Hace casi nueve años, en mayo del 2007, el Gobierno colombiano firmó con Venezuela un contrato por medio del cual se comprometía a venderle gas procedente de los yacimientos de Chuchupa y Ballenas, en La Guajira. Lo hicieron a pesar de las advertencias para que lo almacenaran, más bien, con el fin de usarlo en la energía térmica, ante el peligro siempre latente de una sequía que nos dejara sin energía hidráulica.

Y eso fue exactamente lo que pasó. Agotamos nuestra reserva de combustible y quedamos a merced del agua para producir energía. Es decir: dependíamos de que lloviera. Estábamos al vaivén caprichoso de la naturaleza.

Terminamos, pues, sin el pan y sin el queso: ahora no tenemos ni gas ni agua. El exministro Rudolf Hommes, en su columna periodística dominical, lo dijo claramente: “La escasez de gas proviene de decisiones equivocadas o falta de previsión”.

Fue entonces cuando el Niño se nos vino encima. En los últimos años la cosa se puso tan grave para nosotros que el negocio fue al revés: Venezuela empezó a vendernos gas. Para ello construyó 40 kilómetros de tubería a través del lago de Maracaibo. Inició el suministro en junio del 2015, pero apenas seis meses después, el 30 de diciembre pasado, anunció que suspendía la venta.

¿El motivo? Le cogieron miedo a quedarse sin gas ante el verano intenso que estamos padeciendo. De manera, pues, que Venezuela resultó más cautelosa y precavida que Colombia. Quién lo creyera.

Una historia adicional, en este rosario de calamidades, es lo que ha ocurrido con los sobrecostos. Desde diciembre del 2006 los usuarios de la energía comenzaron a pagar religiosamente, con la factura de cada mes, un denominado “cargo por confiabilidad”, del cual ya les había hablado en una crónica anterior. Ese dinero debía destinarse, según nos dijeron, para estar preparados y evitar que en el futuro tuviéramos otro apagón. Era una especie de seguro, por decirlo en términos sencillos.

Lo cierto es que, en estos nueve años, ese recargo recaudó 18 billones de pesos. Lo malo es que ahora se están haciendo unas revelaciones muy delicadas sobre su destino.

“Varias empresas del sector eléctrico, como Termocandelaria en la costa del Caribe y Termoemcali en el Valle del Cauca, concentran sus operaciones financieras y las de sus socios mayoritarios en paraísos fiscales, como las Islas Caimán”.

El senador López Maya ha pedido a las autoridades que “confirmen si, con ese mismo sistema, los accionistas de las empresas sacaron del país el dinero del cargo por confiabilidad y lo consignaron en sus cuentas, como si se tratara de utilidades”. Y agrega de manera rotunda:

Lo cierto del caso es que nadie, y mucho menos el ministro de Minas, Tomás González, sabe dónde están esos recursos. De ahí que no solo tengamos un riesgo de apagón, sino un descalabro confirmado. Y al Ministerio de Minas lo único que se le ocurre es decretar alza de tarifas para el ciudadano.

Hace casi dos meses, el mismo senador López Maya envió una denuncia a la Superintendencia de Industria y Comercio, pidiéndole que investigue por qué hay varias empresas de energía que tienen los mismos accionistas, si se supone que deberían ser competidores.

El senador menciona en su documento algunas empresas que tienen dueños comunes, como Termocandelaria, Termobarranquilla y Termovalle. En el caso específico de Termocandelaria, que tiene sede en Cartagena, esa central eléctrica dejó de operar hace más de dos meses, cuando fue intervenida por el Gobierno.

Sin embargo, ya había recibido 300.000 millones de pesos del cargo por confiabilidad que pagan los usuarios. Le dieron dinero para que se preparara en caso de escasez, y no lo hizo. ¿Dónde estaban, entre tanto, los organismos de control y vigilancia del Estado? Llegaron tarde, como siempre.

A propósito, esa misma región Caribe está a las puertas de una gravísima crisis industrial y comercial por el problema del gas. Es tan insólito lo que ha pasado que sería cómico si no fuera trágico: el gas de La Guajira se lo vendió Ecopetrol a Venezuela hasta que se acabaron las reservas; ahora tienen que traerlo desde Cusiana, en las llanuras de Casanare, pero como no hay una tubería para hacerlo, el transporte vale un ojo de la cara. Y parte del otro. Ni siquiera se puede traer por el río Magdalena, porque no tiene agua. En conclusión, el gas que llega hoy a territorio costeño cuesta 70 por ciento más de lo que vale en Bogotá.

Las industrias están al borde del colapso. El asunto es tan grave que los dos diarios más importantes de la comarca, El Universal, de Cartagena, y El Heraldo, de Barranquilla, se unieron en noviembre pasado para publicar en simultánea un editorial en el que exigían respeto por la región y que alguien controle los desmanes de Ecopetrol.

–Se acabó el gas. La verdad, sin más rodeos, es que en Colombia se acabó el gas para las térmicas –me dice la exministra Ángela Montoya, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen).

La señora Montoya me explica que hace veinticinco años, cuando nos sobraba energía hidráulica, el Estado se puso en la tarea de construir plantas de gas, “pero después no tuvo la precaución de garantizar el suministro de ese gas. Por el contrario, confiados en que siempre habría agua, lo vendimos en el exterior hasta que las plantas se quedaron sin combustible”.

Y, como si fuera poco, el fenómeno del Niño nos dejó sin agua. Tras de cotudos, con paperas, como dicen los campesinos huilenses.

Ante semejante panorama, las empresas se pusieron a generar energía con diésel traído del exterior, pero entonces vino el garrotazo del dólar y las tarifas del kilovatio se pusieron por las nubes. Como dicen que al ojo llorón le echan sal, el impuesto de importación del diésel se subió al 24 por ciento. Sobre eso, Ángela Montoya hace este comentario:

–Se le ha pedido al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que, para evitar más carestía, suspendan ese impuesto mientras dura la crisis y que lo repongan después. No ha sido posible.

Les informo que, según las investigaciones de la Contraloría General, la amenaza del racionamiento eléctrico, lejos de alejarse, está cada vez más cerca. Miren una muestra: en un solo mes, entre noviembre y diciembre, la energía diaria que despachan las plantas en todo el país disminuyó un 18 por ciento.

Peligro de apagón, escasez de gas, petróleo por el suelo, dólar por el cielo, las tasas de interés subiendo, la peor inflación en siete años, bajan las ventas del comercio, alza en los prediales y se nos viene encima la reforma tributaria con su catarata de impuestos. Me duele estropearles las ilusiones de comienzos de año, pero esa es mi obligación como periodista. Peor sería que nos sorprendieran con un aterrizaje de emergencia.

Se me olvidaba este detalle: el Gobierno anunció, con un gran redoble de tambores, que las alzas de tarifas eléctricas que empezaron en diciembre durarán 36 meses. Es decir, que dentro de tres años volverán a bajar. ¿Bajar? Le regalo un kilovatio al que me diga cuándo se ha visto en este país que un servicio público baje después de haber subido. Cuándo.