Varias recomendaciones trae el documento de la Comisión
de Expertos.
Por
años, el gobierno nacional (tanto el actual como los anteriores) ha prometido
una reforma tributaria estructural en la que se simplifique la manera como los
ciudadanos y las empresas declaran y pagan sus impuestos. El actual
código tributario es una verdadera colcha de retazos y, ciertamente, no aguanta
un remiendo más.
De ahí que se haya encomendado a una comisión de expertos
que trabajó a lo largo de 10 meses y que recientemente presentó una serie de
recomendaciones para elaborar el proyecto de ley que permita, de una vez por todas, componer
esta problemática que atenta, incluso, contra la competitividad del
país.
El
Ministerio de Hacienda se propone presentarla al inicio de las sesiones del
Congreso este año, donde deberá sortear los poderosos cabildeos de los gremios
y empresariales.
Todo
ello se da en el marco de una situación compleja en la que el país se ve afectado
por su alta dependencia de sus exportaciones mineras y petroleras, cuyos
precios no hacen sino caer en los mercados internacionales.
Ese es un hueco que no ha logrado compensar la dura
depreciación del peso frente al dólar (25 % sólo en el 2015), que también
castiga los bolsillos de los colombianos, pues causa incremento de los precios
al consumidor.
Renta
La
misión cuestionó el régimen del impuesto de renta porque considera que hay
amplios privilegios y alta evasión por parte de algunos grupos de contribuyentes.
Frente a las empresas considera que la carga tributaria es excesivamente
elevada.
Por eso propone eliminar impuestos como el CREE, el IMAN y el IMAS,
incluidos en las últimas reformas tributarias y que han ocasionado varias
distorsiones y aumentado las cargas para las empresas.
Se
propone crear un nuevo Impuesto a las Utilidades Empresariales (IUE), que grave
entre el 30 % y el 35 % las utilidades de las empresas provenientes de todas
sus operaciones realizadas en el año. “Este impuesto sustituye el
impuesto de renta y complementarios, al CREE y su sobretasa y todos los
beneficios en ellos contenidos”, dice el documento.
Para
las personas naturales plantea una tarifa más plana en renta, que debería ser
máximo del 35 %, aunque se iniciaría con el 2,5 % para aquellos cuyos
ingresos sean de 1,5 millones mensuales de renta líquida, es decir, después de
deducciones.
Así
mismo propone gravar con este impuesto las pensiones altas, eliminar el impuesto al
patrimonio y fortalecer la tributación con base en la renta presuntiva, que se calculará sobre el 4 %
del patrimonio de las personas naturales, en el cual se incluirán las acciones y
participaciones en sociedades.
En
ganancias ocasionales relacionadas con sucesiones o donaciones se mantiene la
tarifa del 10 %, pero
se aumenta al 15 % cuando se trate de la venta de inmuebles y otros activos.
Para ganancia ocasional por loterías, rifas y juegos de suerte y azar, la
tarifa es del 20 %.
Otra de las propuestas que levantará ampolla es la eliminación de los aportes
parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, el ICBF y el SENA,
que quedarían con cargo al Presupuesto General de la Nación.
IVA
En el impuesto al valor agregado (IVA) la Comisión propone extender el cobro del
gravamen a más bienes y servicios de la canasta familiar y aumentar la tarifa
general del 16 % al 19 %, iniciativa que ya levanta una gran polémica en
la opinión pública.
Según la comisión, la lista de bienes exentos y excluidos del IVA es muy
amplia en Colombia frente a los estándares internacionales, lo que
representa un elevado costo fiscal y genera distorsiones.
Por eso propone modificaciones de fondo. Además de
aumentar la tarifa, se
plantea establecer cinco categorías para el cobro del impuesto: categoría de no
gravados, categoría de gravados al 0%, 5 %, 10 % y 19 %.
Otra propuesta controvertida en relación con el IVA es gravar con este impuesto, con
una tarifa reducida, la construcción y venta de inmuebles nuevos,
excepto los destinados a vivienda de interés social y vivienda prioritaria
En
la categoría de no gravados estarían los servicios de salud, educación,
transporte público de pasajeros y el consumo vital de los servicios
públicos domiciliarios, así
como la la venta y alquiler de inmuebles con destino residencial.
Los gravados con 0 % y con derecho a devolución del IVA
pagado en el proceso de industrialización o comercialización serían únicamente aquellos
bienes y servicios exportados.
Entre los
que quedarían con tarifa del 5 % estarían los libros y cuadernos (algo
duramente criticado por la ministra de Educación, Gina Parody). También aparecen bovinos, maíz,
arroz, leche y queso fresco, huevos frescos, pescado, camarones y la carne,
que actualmente están exentos.
En
la tarifa de 10 % entrarían los computadores personales, los dispositivos
móviles, las boletas para eventos, el gas natural comprimido para vehículos, el
biodisel, el etanol, el internet (estratos 1, 2 y 3), el transporte de carga,
los servicios postales y de correo, además de los servicios públicos domiciliarios,
con excepción del agua y el alcantarillado y la telefonía fija (que quedaría en
el 19 %).
Pasarían a la categoría general del 19 % básicamente
aquellos por los que hoy
se cobra un IVA de 16 %, además del carbón, el petróleo crudo (y sus derivados
excepto gasolina y ACPM) y la medicina prepagada. Entrarían, además, el agua mineral, el hielo, la
nieve, algunos motores fuera de borda y
la publicidad, así como los servicios de masajes, peluquería,
servicios de arreglos de cabello, tintura y uñas.
Por otra parte, se propone elevar la tarifa del impuesto al consumo de
restaurantes y cafeterías con los mismos umbrales definidos para el IVA, hasta
el 11 % e incluir las franquicias de comida rápida, las cuales hoy están
gravadas con IVA del 16 %. Así mismo, se elevaría la tarifa de impuesto consumo por la
telefonía celular al 7 % y la de venta de vehículos y motos de alta gama,
aerodinos, botes y barcos, al 17 %.
Otras propuestas
-
Mantener el gravamen a los movimientos financieros, conocido como el 4x1.000
por su fácil recaudo, a pesar de los efectos negativos sobre la intermediación
financiera, aunque se aconseja que sea totalmente deducible cuando las
condiciones de la economía lo permitan.
-
Aumentar los impuestos a los combustibles por considerar que son bajos
frente a los estándares internacionales. La propuesta es un aumento del 30 % en el impuesto nacional a
los combustibles y equiparar las sobretasas de la gasolina y el diésel.
-
Hacer una revisión integral del régimen de impuestos territoriales ya
que en la actualidad hay por lo menos 13 tributos departamentales, 20
municipales y por lo menos 24 gravámenes y contribuciones, además de las
estampillas regionales.
-
Otra propuesta que levantará ampolla es el aumento de los impuestos al consumo de
cigarrillos y tabaco, revisar los impuestos a la cerveza y los licores y
estudiar la posibilidad de cobrar un impuestos a las bebidas azucaradas
(gaseosas y refrescos).
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