QUE NOS ESPERA EL 2016 A LOS COLOMBIANOS

La economía crecería un poco por encima del 3 por ciento en el 2016.

Buenos resultados en el contexto de una región que se contraerá, aunque insuficientes para mantener los progresos obtenidos durante la bonanza de los años 2002 al 2013. Pero, aun logros modestos como estos dependen de que resolvamos los agudos problemas de inflación, desequilibrios fiscales y de balanza de pagos, y el deterioro del clima de inversión causado por la rampante inseguridad jurídica.

La inflación al cierre del año será del orden del 6,2 por ciento, por encima del rango meta fijado por el Emisor, cuyo techo es 4,0 por ciento; recuperar el control perdido del nivel de precios tomará un periodo prolongado. Esta realidad debe ser tenida en cuenta al definir el nuevo salario mínimo para evitar que caigamos en una espiral de incrementos de precios y salarios que envilecería la moneda, deteriorando, por lo tanto, el ingreso y el consumo de los colombianos.

Uno de los factores que alimentan la inflación es el aumento de los precios de los productos importados. En la coyuntura mucho serviría bajar los aranceles. Además, conviene que esa reducción sea definitiva para abaratar el costo de bienes de capital y materias primas. Hacerlo es crucial para eliminar el sesgo anti exportador de la política comercial. El momento es propicio, dado que la elevada tasa de cambio actual protege con holgura la producción nacional, que suele defender, con éxito, políticas proteccionistas.

Este ano nos espera un paquete tributario que buscará, al mismo tiempo, aumentar el recaudo y disminuir la carga tributaria que recae sobre el aparato productivo. Una de las variables que habrá que considerar es el fraude fiscal: la simulación de gastos y el ocultamiento de ingresos. Para combatirlo convendría que se prohiba al sistema financiero aumentar, por determinados lapsos, el volumen del crédito otorgado a quienes por este motivo sean sancionados.

El déficit de la cuenta corriente en la balanza de pagos, que bordea el 6 por ciento del PIB, es insostenible. Proviene de la dificultad de la economía para adaptarse a una declinación profunda y acelerada de los ingresos petroleros. Otra sería la historia si hubiéramos ahorrado una porción de los recursos del auge de los productos básicos. Para que ello no vuelva a suceder es necesario establecer un fondo de estabilidad cambiaria, nutrido con los recursos extraordinarios que provengan de las ventas externas de petróleo, oro, coltán, níquel y carbón. La previsible oposición de las regiones no tendría sentido ahora que los niveles de precios de tales bienes impide, recortando las transferencias a las regiones, formar ahorros.

La suspensión por orden judicial de la generación de una central de energía, cuyo aporte es indispensable por razones de interés colectivo en cualquier época, pero en especial en medio de la más grave sequía de que tengamos noticia, constituye una calamidad pública, pues aumenta el riesgo de restricciones en la oferta de electricidad. En otros casos, tales como el de sentencias de tutela carentes de adecuado sustento, emerge un grave problema de inseguridad jurídica muy dañino para el clima de inversión. Ya es hora de afrontar, en diálogo sereno con el Poder Judicial y el Congreso, estos problemas.