El
presidente estadounidense, Barack Obama, propuso un nuevo impuesto a las
entidades financieras con más de US$50.000 millones en activos, una propuesta que es poco
probable que prospere en el Congreso pero que pone de relieve el carácter de saco de boxeo
político de Wall Street.
La
Casa Blanca dijo que el nuevo impuesto desincentivará el apalancamiento
excesivo, o endeudamiento, al gravar los pasivos de unas cien grandes firmas
financieras, incluidos bancos, gestoras de activos y operadoras, entre otras
compañías. La medida recaudará US$112.000 millones en diez años para
financiar otras prioridades, como
desgravaciones fiscales para trabajadores de rentas medias.
Obama
ha propuesto un impuesto a los grandes bancos en cada uno de sus presupuestos
desde 2010, pero la propuesta de este año tiene un alcance mayor, ya que afecta
a aseguradoras, bolsas, gestoras de activos, operadoras, corporaciones
financieras, filiales financieras de corporaciones no financieras y filiales
estadounidenses de firmas internacionales.
La retórica en torno a la propuesta también ha cambiado:
en vez de calificar al gravamen de “impuesto de responsabilidad por la crisis financiera”, la Casa
Blanca considera que complementa “otras políticas del gobierno diseñadas para evitar futuras crisis
financieras y fortalecer a la economía”.
El nuevo presupuesto del presidente estadounidense,
Barack Obama, captaría unos US$1,44 billones con nuevos impuestos durante la
próxima década, principalmente
aplicados a los más ricos, al tiempo que allanaría el camino a una
remodelación del impuesto de sociedades con más subidas para las empresas.
El nuevo presupuesto presentado el lunes muestra que los
ingresos del Estado aumentarían desde el 17,7% del PIB en el año fiscal 2015 al
19,7% para 2025.
El gobierno también desea
reducir la diferencia percibida entre los ingresos al alza para los ricos y el
estancamiento de los salarios de las clases medias.
La
propuesta del gobierno de un impuesto del 14% a las ganancias que las
multinacionales estadounidenses tienen en el extranjero generaría unos
US$268.000 millones en la próxima década. Casi la totalidad de ese dinero se
canalizaría hacia mejoras
de las infraestructuras del país. El propuesto impuesto mínimo del 19%
sobre los beneficios
futuros de las empresas en el extranjero recaudaría otros US$206.000
millones que probablemente se utilizarían para rebajar los tipos impositivos de
las empresas.
El gobierno también cambiaría las normas para las
empresas de manera significativa, como paso previo a la revisión amplia de la
legislación fiscal para las empresas. No obstante, el llamado “fondo de
reserva” que el presupuesto destina a la reforma fiscal sólo capta unos
US$141.000 millones en total. Esta cifra apenas basta para reducir ligeramente
el tipo impositivo para las empresas, lo que demuestra que la Administración aún no ha
elaborado un plan integral para la potencialmente dolorosa y controvertida
revisión.
El
gobierno también tiene previstas algunas medidas para limitar los incentivos a
las empresas para trasladar sus sedes al extranjero con el fin de evitar pagar
impuestos en Estados Unidos. Y también busca limitar las excesivas
deducciones de intereses corporativos, medida que recaudaría US$64.000
millones.
Además,
propone un conjunto de nuevos incentivos para las pymes.
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